Luego de que el legislador de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una demanda penal en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por suspender temporalmente algunas tareas para la realización de la consulta de Revocación de Mandato, líderes de la coalición “Va por México” en la Cámara de Diputados se pronunciaron al respecto.
Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro, coordinadores parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, condenaron la denuncia y afirmaron que dicha acción representa un “atentado contra la democracia”.
En entrevista para El Universal, Rubén Moreira hizo votos para que el partido Morena y su dirigente Mario Delgado desconozcan la acción, pues advirtió que si la respaldan “estaremos pensando que se trata de romper el orden institucional en el país”.
Por su parte, Romero Herrera aseguró que Sergio Gutiérrez Luna, quien además es presidente de la Cámara de Diputados, se convirtió en un “vulgar instrumento represor del gobierno”.
Por lo anterior, le solicitó que “lea bien el artículo 216 del código penal”, en el que se señala que el presunto delito de coalición de servidores públicos, “no aplica cuando quién se coaliga lo hace en el ejercicio de sus derechos”.
Finalmente, Espinosa Cházaro, lamentó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se use a las instituciones autónomas como “garrote político”.
En este sentido, hizo un llamado a que la FGR “haga valer su autonomía y conforme a derecho determine que esta denuncia es política y no jurídica”.
El pasado 17 de diciembre, en una votación dividida, de seis votos contra cinco, el Consejo General del INE decidió aplazar de forma temporal las actividades para la organización para la consulta popular de Revocación de Mandato, salvo la recepción y verificación de las firmas de apoyo ciudadano, pues por ley se necesita recabar al menos 2.7 millones de rúbricas.
Lo anterior se debió al recorte presupuestal que tuvo el órgano electoral por parte de la Cámara de Diputados, impulsado por Morena, el cual fue de 4,913 millones de pesos con respecto a lo que habían solicitado para 2022.
Al respecto, Gutiérrez Luna interpuso la demanda a seis funcionarios del INE este 22 de diciembre, y de acuerdo al acuse de recibido, llegó a la Fiscalía a las 12:48 horas.
Se tratan del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, así como a las y los consejeros Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, y Beatriz Claudia Zavala Pérez; además de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del órgano autónomo, a quienes se le acusa por la comisión de “hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos y lo que resulte”.
“Servidoras y servidores públicos que se desempeñan como Consejeros Electorales integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y Edmundo Jacobo Molina, servidor público que se desempeña como Secretaría Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, por su participación en hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos, previsto y sancionado por el artículo 216 del Código Penal Federal y los demás delitos que resulten, en agravio del servicio público federal y afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo”, señala el acuse de la denuncia de hechos.
Además, entregó una queja ante la Contraloría del INE por probables irregularidades y faltas administrativas de parte de los mismos funcionarios públicos.
Anteriormente, Gutiérrez Luna presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo emitido por el INE para poner en pausa la organización del ejercicio de revocación de mandato, argumentando falta de recursos.
Sin embargo, la Comisión de Receso de la Corte este miércoles determinó que el instituto debe continuar con el proceso usando los recursos con los que cuenta, alrededor de 1,503 millones de pesos.
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