De Ayotzinapa a protección de víctimas: las 11 prioridades del gobierno mexicano en materia de DDHH y migración para 2022

Se acerca el fin del 2021 y estas últimas semanas del año siempre están acompañados por un periodo de reflexión sobre lo que sí se hizo y lo que no los 365 días, así como un lapso para pensar y manifestar los propósitos que se tendrán en el próximo año.

El gobierno federal se sumó a estas reflexiones y dio a conocer las 11 prioridades que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, realizará.

Todos estos puntos los anunció el funcionario público durante el informe de evaluación y rendición de cuentas por tres años de gestión, ceremonia en la que aprovechó pata reconocer la crisis humanitaria que atraviesa el país.

“Partimos del reconocimiento de las responsabilidades del Estado mexicano en esta crisis dadas las omisiones y la falta de actuación de los gobiernos anteriores que durante muchos años quisieron esconder la grave situación por la que atravesamos en distintos ámbitos de nuestro país”, recalcó.

Asimismo, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez enfatizó que han sido dos ejes en los que se ha centrado el desarrollo de los trabajos. El primero refiere a establecer una nueva relación con las víctimas de violaciones a derechos humanos, asumir la centralidad de éstas para enfrentar y dictar acciones y políticas. Y en segundo lugar, se trata del desarrollo de acciones y políticas que fortalecen las capacidades institucionales del Estado para atender esta crisis.

Con este contexto, y sumado a las necesidades de las personas y el país en materia de derechos humanos y migración, reveló cuáles serán las 11 prioridades que tendrán a partir del 1 de enero del 2022:

1. Continuar con los trabajos de investigación en la comisión de Ayotzinapa, y completar los trabajos de investigación en la comisión del periodo conocido como Guerra Sucia.

2. Abatir la crisis forense y avanzar en la creación del centro nacional de identificación humana y fortalecer las capacidades forenses en los estados.

3. Trabajar en el programa nacional de reparaciones que requiere una reforma a la Ley General de Víctimas.

4. Creación del sistema de protección contra las violencias hacia mujeres, niñas y niños.

5. Replantear el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y avanzar en el sistema nacional de prevención y protección.

6. Enfrentar el desplazamiento forzado interno.

7. Atención a personas solicitantes de refugio y protección complementaria e incrementar la capacidad institucional para abatir el rezago de atención en esta materia.

8. Combatir el embarazo infantil y abatir los niveles de violencia sexual contra menores de edad, así como el matrimonio forzado.

9. Resolución de todos los conflictos en el ámbito territorial de las comunidades indígenas.

10. Cédula única de identidad –derecho a la identidad–, generar los instrumentos que permitan contar con la identificación digital para todas y todos los mexicanos.

11. Abatir la impunidad.

Sobre la última prioridad, señaló que “sigue siendo el principal obstáculo, el que alienta las violaciones graves a los derechos humanos, porque mientras no se castigue a quienes cometen delitos, difícilmente podremos revertir esta situación”.

Finalmente, Encinas informó que en estos tres años se destinaron en infraestructura y capacidades en materia de derechos humanos 2 mil 198 millones de pesos, de los cuales mil 247 millones fueron para fortalecer las capacidades de las comisiones estatales de búsqueda e identificación; 510 millones para la construcción de justicia para las mujeres; 349 millones para alerta de mujeres; 75 para los registros civiles; y 779 millones de pesos que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha entregado como ayuda a víctimas; y 488 millones para el cumplimiento de las sentencias de los organismos internacionales.

SEGUIR LEYENDO