
Este miércoles 8 de diciembre, trascendió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció que impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el llamado “decretazo” de AMLO, el cual tipifica a las obras prioritarios y/o estratégicas para el desarrollo nacional como de interés público y seguridad nacional.
Dicha acción fue anunciada tras la negativa que recibieron los 53 senadores de la república al querer promover una controversia constitucional ante lo promulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de noviembre.
Fue en este contexto que Germán Martínez Cázares, militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pero representante del Grupo Parlamentario Plural (GPP), organizó una conferencia de prensa en la que condenó el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por supuestamente abonar a la opacidad en los proyectos prioritarios del gobierno federal.
Aunado a esto, señaló la posibilidad de un militarismo en México que sería poco provechoso para la sociedad, pues se le están otorgando facultades que antes estaban en manos de civiles a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De tal modo que aprovechó para recordar que en América Latina, el otorgar facultades mayores a las fuerzas armadas y acrecentar el militarismo no es bueno para las democracias.

Bajo esta óptica, recordó que en la república ya se han padecido excesos del militarismo y, particularmente, en el periodo de la revolución mexicana, señaló un magnicidio que trastocó la forma de hacer política en México.
Sin embargo, especificó que no señala que los militares que integran hoy día las fuerzas armadas quieran perpetrar un magnicidio, pero sí señaló el punto histórico como referente de que este tipo de estrategias suelen ser contrarias a la democracia.

Por lo que refirió que “los militares, como todos, deben tener límites”. De este modo, insistió en que el condenar el decretazo, en realidad guarda la promoción de los derechos humanos de la ciudadanía en el sentido que procura garantizar el acceso a la información en obras que son del interés público.
En cuanto al seguimiento que le puede dar a la controversia constitucional, Martínez Cázares dijo que en caso de que el Inai fracase en su intento por dar reversa al “decretazo”, existe la oportunidad de acudir al sistema Interamericano de Defensa de Derechos Humanos.
No obstante, el afiliado a Morena especificó que esa posibilidad se está dejando hasta el final. Así como presentar numerosos amparos respecto a los afectados por la toma de decisión externada por el ejecutivo federal.

Y es que el presidente de la república promovió, con base en el Artículo 89 constitucional, que se tipifica a las obras prioritarios y/o estratégicas para el desarrollo nacional como de interés público y seguridad nacional.
Con esto, los desarrollos de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos y aeropuertos quedarán “bajo llave”, es decir, no serán del escrutinio público, lo cual se puede interpretar como un atentado contra la transparencia.
Tal y como lo dijo el miembro del GPP, quien aseguró en la conferencia de prensa que se está vulnerando el acceso a la información, la máxima publicidad que debe haber en las decisiones gubernamentales y se está fortaleciendo la opacidad en estas “obras de seguridad nacional o de interés público”.
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