
El ex secretario de Trabajo (STPS), Javier Lozano Alarcón, se lanzó en contra de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, pues mencionó que “carece de interés jurídico, de inteligencia y de honorabilidad”.
A través de su cuenta oficial en Twitter, el poblano reaccionó a una publicación del periodista Sergio Sarmiento, en la cual expuso que Sánchez Cordero rechazó promover una controversia constitucional contra el llamado “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para declarar de interés público y seguridad nacional la realización de las obras de infraestructura del gobierno.
“La que carece de interés jurídico, de inteligencia y de honorabilidad, es la Ministra en retiro @M_OlgaSCordero”, escribió Lozano Alarcón.

Al igual que Lozano Alarcón, por medio de su cuenta de Twitter, la ministra en retiro argumentó que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del presidente López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras”.
El pasado 25 de noviembre, 53 senadores de las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, así como del grupo plural, exhortaron a la presidenta del Senado a impugnar el decreto presidencial, al considerar que viola la Constitución y atenta contra la división de poderes.
“En tal virtud, desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial”, aseveró.

Sin embargo, aclaró que dicha conclusión, misma que realizo de la mano con su equipo de asesores jurídicos, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre, el dictamen, mejor conocido como el “decretazo”, persigue que los datos de las infraestructuras de los sectores de comunicaciones, aduaneros, fronterizos, hidráulicos, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, energéticos, puertos, aeropuertos y todas aquellas que se consideren estratégicas, serán blindados, es decir, la información sobre los proyectos será reservada.
Con ello, las dependencias de la Administración Pública Federal serán instruidas para “otorgar la autorización provisional la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras”.
Ante la lluvia de críticas que le provocó el “decretazo”, el Jefe del Ejecutivo aseguró que la propuesta es únicamente “para agilizar trámites”, de tal manera, explicó, que las obras no se detengan por procedimientos burocráticos.

“Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé tiempo para presentar toda la documentación”, comentó durante su conferencia matutina del pasado 23 de noviembre.
Los megaproyectos promovidos por la autodenominada Cuarta Transformación (4T) contempla la construcción del Tren Maya, que servirá como enlace de las entidades federativas de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Campeche, esto con el objetivo de proveer servicios turísticos, de carga y de movilidad; la Refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se construye en Dos Bocas, Tabasco.
A los planes descritos previamente se suman el del Tren Transítsmico, el cual unirá el océano Atlántico con el Pacífico al establecer un tramo férreo del puerto de Veracruz a la costa de Oaxaca; y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México.
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