Este jueves 25 de noviembre trascendió en el Senado de la República que 53 legisladores, adscritos a los grupos parlamentarios de oposición, llevaron ante Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, un oficio que solicitaba promover una controversia constitucional contra el llamado “decretazo” de AMLO.
Esto porque los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el Grupo Plural (GP) aseguran que el decreto publicado el lunes 22 violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
A pesar de la insistencia de la oposición, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores, dijo que la Mesa Directiva no puede actuar por decisión propia, pues su actuar está sujeto al voto al interior del recinto.
El líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) explicó a la oposición que ellos pueden presentar la acción de inconstitucionalidad; no obstante, al tratarse de un acuerdo y no de una ley, es el poder judicial de la federación el único competente para determinar la viabilidad de este recurso.
Fue en este contexto en el que la ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) decidió recibir y tomar conocimiento de la solicitud de la oposición, pero antes de proceder, consultará la Dirección General Jurídica de la Cámara de Senadores, esto por no tener un panorama claro respecto a la actuación que debería de tener con respecto a su cargo.
Ante este reconocimiento, la también ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró su transparencia y sinceridad, pues reconoció no poseer una respuesta sobre la legitimación del senado para presentar la controversia.
Asimismo, reconoció las aportaciones a la discusión parlamentaria por parte de los coordinadores del PAN y PRD en el Senado; asimismo, recordó el apoyo mínimo para promover una acción de inconstitucionalidad desde la Cámara Alta, por lo que reiteró su posicionamiento, en el que no descarta ninguno de los escenarios posibles ante la petición.
Cabe recordar que de acuerdo con la perspectiva de la oposición, declarar “de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura”, les pareció un acto dictatorial, pues existe la posibilidad de que las obras se realicen de manera opaca y sin apego al derecho de libre competencia.
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