El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco), a través de su Centro de Investigación en Política Pública, señaló la presencia de riesgo en la nueva filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) que fue anunciada este martes 30 de noviembre.
De acuerdo con la Asociación Civil, esta nueva firma encargada de comercializar petrolíferos como gasolinas, diésel, combustóleo, entre otros, gas y petroquímicos en el país podría operar en la opacidad, vulnerando los lineamientos de transparencia ideales para cualquier paraestatal.
A través de un comunicado oficial, la petrolera mexicana informó que esta nueva empresa reportará de manera directa a la Dirección General de Petróleos Mexicanos, por lo que se constituirá como una filial directa y tendrá una orientación exclusiva a las ventas internas de productos petrolíferos, gas y petroquímicos.
Asimismo se especificó que no impactará con un crecimiento en el presupuesto de Pemex, pues se creará a costos compensados con la estructura actual de las áreas comerciales y de abasto de la empresa. Con esta propuesta se avanza en el ciclo de cambios estructurales que ha venido implementando la Dirección General de Pemex con el fin de fortalecer a la empresa productiva del Estado más importante del país.
Por su cuenta, Alberto Velázquez García, actual director corporativo de Finanzas, advirtió que tendrá a su cargo esta nueva filial, por lo cual se designa como suplente por ausencia del titular de la Dirección Corporativa de Finanzas a partir del 1 de diciembre de 2021 a Antonio López Velarde quien actualmente es el subdirector de Administración de Riesgos y Aseguramiento en dicha dirección.
Sin embargo, el Imco advirtió que la nueva dependencia concentrará algunas de las actividades que actualmente le corresponden a Pemex Transformación Industrial (PTI), una empresa productiva subsidiaria obligada a reportar sus estados financieros en la Cuenta Pública, así como a licitar sus contratos de adquisiciones de bienes y servicios.
Y es que de acuerdo con lo señalado en el Artículo 61 de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM), los estados financieros de esta comercializadora no tendrían la “obligación de ser públicos ni tienen tampoco las mismas obligaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios”.
“Las empresas filiales no serán entidades paraestatales y tendrán la naturaleza jurídica y se organizarán conforme al derecho privado del lugar de su constitución o creación”, se lee en el segundo párrafo de dicho artículo. Asimismo, refiere que este tipo de empresas se regirán por lo dictado en el Artículo 34 de la Ley del Banco de México (LBM).
Sin embargo, este último artículo remite al manejo de divisas para la comercialización efectiva de los productos relacionados a las dependencias y las “entidades de la Administración Pública Federal que no tengan el carácter de intermediarios financieros”.
“Esto no significa que las empresas filiales sean un problema en sí mismas”, señaló el Imco, pero abre la puerta a la opacidad, por lo que el instituto señaló las buenas prácticas en filiales similares, como las ocurridas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con CFEnergía y CFE Internacional (compraventa de combustibles en América del Norte), CFE Capital (operación de instrumentos bursátiles), CFE Calificados (suministrador de energía a grandes consumidores).
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