La defensa de Rosalinda González Valencia asegura que la esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no es ninguna delincuente y se encuentra confiada en el proceso judicial que se le sigue por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Víctor Francisco Beltrán García, abogado de la pareja de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, reveló que su clienta ha recibido un buen trato en la prisión y está a gusto, pese a que un juez le dictó prisión preventiva justificada porque previamente había incumplido la medida cautelar de firmar cada 15 días el libro de procesados.
En entrevista radiofónica con Grupo Fórmula, el litigante comentó que González Valencia es ajena de los negocios criminales que son relacionados con el Mencho.
“La señora es ajena a todas las cuestiones. Ella no pertenece a ningún grupo de delincuencia organizada”, aseveró Beltrán García, quien ha sido acusado por la Administración del Control de Drogas (DEA) por facilitar actividades corruptas del CJNG.
Además, alegó que los casos ya habían sido desechados, pero no especificó que se trata de cargos por asociación delictuosa, los cuales no se sostuvieron en 2018 por falta de evidencia.
El abogado dijo ante el juez que Rosalinda González Valencia no se presentó a la Unidad de Medidas Cautelares porque fue amenazada y entonces decidió cuidarse. Al respecto, presentó una demanda ante el Ministerio Público.
“No acudió por seguridad de ella misma, porque al día siguiente en que salió de prisión fue abordada por elementos de Marina y la amenazaron que si volvía a pisar el centro de control donde debe estampar su firma, la iban a detener, pero ya no la iban a poner a disposición de ninguna autoridad”, explicó.
Los cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita no ameritan la prisión automática, por ello la pareja de Oseguera Cervantes pudo enfrentar su caso en libertad, siempre que acudiera dos veces por mes ante instancias judiciales.
Al no cumplir con la firma periódica, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, cuya sede se localiza en Cuernavaca, Morelos, ordenó que la imputada fuera reaprehendida. Ahora la Fiscalía General de la República argumentó riesgo de fuga y le atribuyó acusaciones por asociación delictiva, lo cual si la obliga a permanecer tras las rejas en tanto duran las investigaciones complementarias.
Rosalinda González Valencia había sido detenida en mayo de 2018 por agentes de la Marina Armada afuera de una tienda de conveniencia ubicada en el exclusivo vecindario Puerta de Hierro, en el municipio de Zapopan. Tras ampararse por estar incomunicada, lograr que se le suspendieran acusaciones de asociación delictuosa y cubrir una garantía, quedó libre.
Presuntamente, adquirió, ocultó y transfirió recursos de procedencia ilícita en el territorio nacional, según se sanciona en en el Articulo 400 Bis del código penal federal. En aquella ocasión solo estuvo tras las rejas durante tres meses y recuperó su libertad tras el pago de una fianza de 1.5 millones de pesos.
Cabe destacar que González Valencia no tiene investigaciones adicionales por delitos del fuero común en Jalisco, según confirmó el fiscal de la entidad en conferencia a medios.
“No recuerdo que la persona que mencionan, tenga por ahí una investigación en el fuero común”, respondió Gerardo Octavio Solís Gómez, tras la recaptura ejecutada en Zapopan.
Según los registros judiciales, la esposa de Oseguera Cervantes no ha sido involucrada en investigaciones en Estados Unidos, aunque sus hermanos y sus hijos, Rubén y Jessica Johanna, sí fueron identificados como miembros de alto rango del CJNG. Los últimos dos están detenidos en aquel país.
Presuntamente, tiene un autolavado en Puerto Vallarta, Jalisco, de donde obtiene ingresos para solventar sus gastos, fuera del tráfico de drogas que encabeza su pareja en los cinco continentes.
Hasta el momento, Rosalinda González Valencia no ha tenido ningún tipo de comunicación con su esposo, aseguró Víctor Francisco Beltrán García.
En un mes o mes y medio habrá otra comparecencia para presentar datos de prueba a favor de la detenida, pero el proceso judicial, según cálculos del litigante, podría extenderse hasta marzo de 2022.
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