Las autoridades de Michoacán ubicaron un contrato de equipos de espionaje por 19 millones de dólares, cuya compra fue adjudicada a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de Tv Inés Gómez Mont.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador actual, confirmó el convenio suscrito entre la compañía de informática y su antecesor en el cargo, Silvano Aureoles, que consistía en el monitoreo de direcciones de IP en todos los municipios de la entidad.
“Es un contrato que se firmó en 2017, aquí lo de llamar la atención es que son 19 millones 500 mil dólares, el contrato que se tiene por un software”, precisó el morenista.
Agregó que la vigilancia y actualización constante también conllevó la instalación de 12 terminales y pantallas, a las cuales se les dio mantenimiento por la empresa del esposo de Inés Gómez Mont. Entre las redes sociales que se vigilaron estuvieron Facebook y WhatsApp.
“Todo indica que es de espionaje”, reiteró el gobernador michoacano, quien aseguró que el contrato está bajo investigación. “¿A quién se espiaba?, no tenemos esa información, ni creo que nos la vayan a proporcionar”.
Esta polémica se suma a los casos por los cuales son perseguidos Gómez Mont y su esposo, actualmente prófugos de la justicia y rastreados en más de 190 países por una solicitud de ficha roja a través de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal).
Sobre la contratación del software de espionaje, Ramírez Bedolla aseguró que solamente se liquidó una parte y otra quedó pendiente de pago, de ahí que fueron retirados los equipos.
“Es un contrato donde no está determinado, que eso es muy importante decirlo, cómo establecieron ese monto de 19 millones y medio de dólares, ¿en base a qué?, ¿qué entregables o reportes tenían qué entregar?”, cuestionó el gobernador de Michoacán.
En su conferencia matutina diaria, el morenista añadió que Silvano Aureoles impuso un esquema de fraudes basado en el arrendamiento.
De ahí que se rentaron patrullas, oficinas del C-5, cuarteles de la policía, software de espionaje, equipos de salud, y maquinaria, a precios que sextuplicaban su valor original en producto o servicio.
Inés Gómez Mont y su esposo, el empresario Álvarez Puga, están acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Presuntamente, utilizaron empresas fachada, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos y sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En septiembre pasado, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de captura en contra de la pareja.
El caso derivó en un revuelo mediático y salieron a la luz todas las propiedades y lujos que se han dado el empresario y la conductora de televisión.
Actualmente se estima que la fortuna de la pareja es igual o similar a 3,000 millones de pesos, que es la cantidad de dinero por la que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al matrimonio por manejo de recursos de procedencia ilícita.
En caso de ser detenidos deberán ser encarcelados en una prisión federal; Álvarez Puga en Almoloya de Juárez, Estado de México, y ella en la prisión federal femenil que se localiza en Morelos. Ante este posible escenario, la conductora había emitido un comunicado de prensa el día que se hizo pública la orden de detención en su contra.
El juez también ordenó la aprehensión del ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán; el motivo es el mismo por el que se busca detener al matrimonio.
Este último es el ex funcionario federal de mayor rango que está implicado de manera directa con el caso de la conductora. En su momento también fue el responsable de los centros penitenciarios del gobierno del estado de Chihuahua.
Además de los nombres ya mencionados, hay una orden de aprehensión en contra de nueve personas más, quienes presuntamente son responsables del desvío de más de 3 mil millones de pesos.
Con las nuevas indagatorias en Michoacán, el escándalo de del matrimonio Gómez Mont - Álvarez Puga solo incrementa con el paso de las semanas, pese a que la ex colaboradora de Tv Azteca alega su inocencia mediante comunicados en Instagram.
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