Irma Eréndira Sandoval: los casos emblemáticos de corrupción al frente de la SFP

Irma Eréndira Sandoval estuvo al frente de la SFP por más dos años y medio, hasta que AMLO anunció que Roberto Salcedo Aquino, quien era antes el subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la SFP, tomaría su lugar en el cargo.

Durante la Feria Internacional del Libro (FILZ) la ex secretaria de la Función Pública participó en la presentación de un libro donde aprovechó para lanzar fuertes críticas al gobierno de López Obrador y su partido. Durante la administración de Sandoval se registraron varios casos de presunta corrupción, tales como el caso Carlos Lomelí y el de Manuel Bartlett.

Respecto a Lomelí la SFP impuso sanciones a las empresas Laboratorios Solfrán, Lomedic y Abisalud, como parte de sus indagatorias sobre la red de empresas farmacéuticas que supuestamente operaba el delegado de Bienestar en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. A las tres empresas se les sancionó por presentar información falsa durante un proceso de licitación. La sanción constó de dos años de inhabilitación y una multa de 1 millón 051 mil pesos.

Respecto al caso del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, se le señaló de no dar cuenta en su declaración patrimonial de 23 propiedades de su pareja Julia Abdala Lemus, su hijo León Manuel Bartlett Álvarez y otros familiares. Al terminar el proceso de investigación la SFP determinó que el funcionario no incurrió en conflicto de interés, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de interés y/o tráfico de influencias.

El principal argumento que mantuvo la SFP fue que no había evidencia de que Bartlett y Julia Abdala mantuvieran una relación de concubinato o matrimonio, ni que sus hijos dependieran económicamente de él, por lo que no existía una obligación legal para declarar los bienes de sus familiares.

Otra polémica fue la que sostuvo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En febrero de este año la Auditoría acusó que la SFP mostró resistencias durante la fiscalización de la Cuenta Pública en 2019, impidiendo el acceso a sus archivos e instalaciones.

La SFP aseguró que acató todas las solicitudes de información y proporcionó toda la evidencia necesaria. Posteriormente David Colmenares, auditor superior, afirmó que la dependencia sí colaboró en el proceso de investigación. Dicha afirmación se dio en el marco de las acusaciones hacia la ASF por los supuestos errores en la auditoría de la liquidación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

En junio de 2020 el portal de noticias Latinus publicó el reportaje: “El regalazo para Irma Eréndira”, el cual presentaban el valor de seis propiedades cuando era titular de la SFP y de su esposo, John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los inmuebles acumulaban un valor por arriba de los 60 millones de pesos, y fueron acumulados en nueve años.

Entre las propiedades destaca un terreno de 253 metros cuadrados, el cual fue cedido en 2007 por la Dirección General de Regularización Territorial del entonces Distrito Federal. “El Gobierno del Distrito Federal no recibió ni un peso a cambio de la cesión y hasta le perdonó el pago de derechos por la inscripción de la propiedad”, se puede leer en la investigación.

La SFP explicó que el terreno mencionado corresponde a la casa donde Irma Eréndira creció con su familia en el Pedregal de Santo Domingo, además de negar que las propiedades alcanzaran los 60 millones.

“Esta colonia es emblemática por sus luchas por el derecho a la vivienda y el terreno fue escriturado a su nombre por ser la mayor de los tres hermanos después del lamentable fallecimiento de su señor padre. Se pagaron todas las contribuciones y la regularización no fue un acto personalizado sino de aplicación general en beneficio de los habitantes de esta emblemática colonia”, explicó en un comunicado la SFP.

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