Vicente Fox acusó que “se perderán muchos empleos” con regulación de autos chocolate de AMLO

Diversas figuras se han posicionado en contra por las implicaciones económicas que puedan tener sobre la industria automovilística

Fotos: Cuartoscuro
Fotos: Cuartoscuro

Con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva, el pasado sábado 16 octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un acuerdo para la regularización de los autos chocolate que circulan al norte del país.

Ante el decreto presidencial, el ex presidente Vicente Fox de Quesada, descalificó el proyecto y aseguró que habría un impacto económico negativo en la industria automotriz de México.

“Por más que trates de endulzarlo es una regada más. Se perderán muchos empleos en la industria automotriz mexicana. Corrige!!”
(Foto: Captura de pantalla / Twitter @VicenteFoxQue)
(Foto: Captura de pantalla / Twitter @VicenteFoxQue)

Esta no es la primera vez que el ex mandatario se ha posicionado en contra de las acciones políticas de la actual administración. A lo largo de la semana, el ex presidente ha contestado de manera negativa a las propuestas planteadas por el gobierno de la república, incluyendo entre estas a la iniciativa de la nueva reforma energética.

La postura del ex presidente resulta interesante pensando que durante su mandato presidencial, permitió la legalización de autos importados, que causó la importación de mas de un millón de unidades desde Estados Unidos. Las repercusiones que tuvo sobre el mercado automotriz fue el cierre de negocios en la industria.

Según la COPARMEX, la regulación de los autos chocolate implicaría legalizar el contrabando y fomentar la competencia desleal en una industria estratégica para México y gravemente afectada por la pandemia como lo es la automotriz.

Los autos chocolate son aquellos vehículos que ingresan de manera irregular al territorio nacional, al no tener un registro ni revisiones rigurosas, la práctica del ingreso de coches extranjeros pueden llevar a acciones delictivas al interior del país.

En Baja California circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera. Del 1ro de noviembre del 2019 al 30 de agosto del 2020, fueron puestos a disposición a las autoridades 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados, de los cuales el 78% son de origen extranjero e irregulares.

La regulación de estos autos apoyará en las investigaciones y detención de personas que incurran en actos delictivos, al poder incorporar al Registro Público Vehicular a todas las personas que son dueñas de vehículos que entraron al país de manera irregular, dando así certeza jurídica, patrimonial y de seguridad a los habitantes del norte del país.

Foto: Presidencia de México
Foto: Presidencia de México

Los recursos que se obtengan de la cuota para la regularización de los autos chocolate, se utilizará para mejorar las vialidades, “El presidente de México actúa para atender el tema de la seguridad y para atender los problemas sociales”, afirmó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez Vazquez.

De igual manera, el presidente subrayó que el pago para el registro de estos carros será de alrededor de 2mil 500 pesos, dinero con el cual se mejorarán las vialidades de Baja California.

Ante el decreto del presidente Andrés Manuel, varias figuras salieron a resaltar el impacto económico que se puede tener una vez que se regularicen los autos.

“Hasta 25% por ciento cayó la industria automotriz en el país durante 2020. Esta industria genera miles de empleos y grandes divisas para la economía nacional. La tendencia son los autos híbridos y eléctricos. Aquí vamos por chatarras y desechos de otros países” publicó Héctor Saúl Téllez en sus redes sociales.

Han sido múltiples los intentos gubernamentales por poner orden, muestra de ello son los 19 procesos de regularización puestos en marcha en el periodo de 1979 a 2011. (..) Quien cumpla con lo estipulado puede legalmente introducir un auto a México; el problema radica en la introducción ilegal que es un delito por medio del cual se benefician organizaciones criminales, afirmó la COPARMEX.

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