CNDH solicitó medidas cautelares para protección del defensor del medio ambiente atacado en Oaxaca

El pasado 8 de septiembre de 2021, según indican los reportes, el ambientalista José Castillo Castro sufrió una brutal agresión mientras circulaba a bordo de un vehículo por el municipio de San Pedro Huamelula. Castillo fue herido con proyectiles de armas de fuego por parte de dos sujetos a bordo de una motocicleta, el resultado de la agresión lo llevó a ser hospitalizado y su estado de salud se reporta como grave.

José Castillo tiene cincuenta años. El activista se ha opuesto al despojo y venta de tierras de la comunidad de Barra de la Cruz que se ubica en la costa, también ha defendido los recursos naturales así como la flora y fauna endémica del lugar de depredadores locales, motivo por el cual fue atacado. Su familiar Ignacio García reportó que el ambientalista sí “libró” la cirugía que le provocó las dos balas en la cabeza, sin embargo, su estado de salud es grave y delicado.

Maurillo Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesorías a Pueblos Indígenas CEDHAPI indicó que José Castillo está al frente de la defensa de la tierra y recursos en la región del Istmo de Tehuantepec, por lo que desde hace varios años ha mantenido una lucha jurídica “para impedir que grupos de poder impongan a los comisariados de bienes comunales, como es el caso de los señores Marcelino Sánchez García e Inocente Barras Robles”.

A partir de ello, la Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó a la Guardia Nacional, a las diversas autoridades de Oaxaca así como a Santiago Astata, presidente municipal; a implementar las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la seguridad no solo de José Castillo Castro, sino de otros ambientalistas y activistas como él.

La CNDH “hace un llamado a las autoridades estatales para llevar a cabo las investigaciones correspondientes para la identificación de los responsables [del ataque en contra del ambientalista José Castillo]”, agrega el comunicado en el que se pide a las autoridades checar la “posible vinculación del hecho con su actividad defensora del territorio y el medio ambiente de la comunidad indígena Chontal en barra de la Cruz”.

Asimismo, llamó a las autoridades estatales a identificar y dar con el paradero de los agresores y a agotar todas las líneas de investigación relacionadas con el ataque armado contra el activista. Las medidas cautelares ya fueron notificadas a las citadas autoridades, por lo que el organismo permanecerá atento a su respuesta y, de ser aceptadas, dará seguimiento a su implementación y cumplimiento .

Lamentablemente, las agresiones a activistas en territorio mexicano no son una novedad. En 2018 también en Barra de la Cruz fue ultimado Noel Castillo Aguilar, militante del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), crimen que ha quedado en impunidad.

Por otra parte, recientemente en el mes de julio, la Secretaría de Gobernación reconoció que del año 2018 hasta la fecha, periodo que comprende el sexenio del presidente López Obrador, en México se han asesinado a 43 periodistas y 68 activistas; de estos siete periodistas y dos personas defensoras eran beneficiarios del mecanismo de protección que la Segob ofrece.

Cabe señalar que este mecanismo cuenta con mil 478 personas beneficiarias de varios estados del país, y solo seis entidades tienen organismos locales de protección como la Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

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