
Hace cuatro meses, Diana Patricia Guzmán Araiza, se encontraba en un centro comercial de Oluta, Veracruz, cuando sufrió un aborto espontáneo. Desde ahí, la vida de la joven cambió, pues el 29 de mayo de 2021 fue encarcelada en el Centro de Reinserción Social de Acayucan y se le acusó por homicidio.
No obstante, el jueves pasado, Diana fue puesta en libertad, después de que la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Guiadáns señalara que la joven tenía una discapacidad intelectual.
“Lo importante es que ya está en libertad y que goza de los derechos fundamentales; se actuó con perspectiva de género”, precisó la fiscal, quien justificó la detención “porque se le consideró presuntamente responsable de un delito”, dijo la funcionaria en una entrevista dentro del marco de la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en Xalapa.

De igual forma, Hernández Guiadáns explicó que se hicieron los análisis periciales correspondientes y, tras concluir que Diana tenía un “trastorno mental” fue puesta en libertad. Aunado a esto, esclareció que un psiquiatra y un juez serán los encargados de decir qué análisis médico se le realizará a la mujer para confirmar el diagnóstico.
Por toda esta situación, la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó que Diana Patricia, aunque “cometió el delito” no cuenta con “madurez mental y física” para que se pueda proceder contra ella. Otro punto que aún se desconoce es si la joven sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja, pues se dijo que los defensores no permitieron que, tras su detención, se le hiciera la revisión.
Por su parte, la afectada habló tras su salida del penal y remarcó que el momento en que abortó espontáneamente fue algo muy difícil para ella y que no supo cómo reaccionar al momento.
“Me espanté, me bloqueé, no supe qué hacer. Me encontraba sola, no me sabía ni el número telefónico de mi familia, entré en pánico y no me acordaba. Me jugaron sin saber y me dijeron que ya tenía parto y ojalá supiéramos que todos los partos son diferentes”, explicó Diana Patricia para el noticiero de Ciro Gómez Leyva.

Cabe recordar que, después de ser detenida hace algunos meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del estado mexicano de Veracruz (CEDHV) condenaron la detención y exigieron respeto a los derechos de Diana.
Ambos organismos mostraron preocupación por la situación de la mujer originaria de Oluta quien estaba “enfrentando un juicio por homicidio tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo”.
Señalaron que tras conocer los hechos, ambas comisiones condenaron los hechos que “vulneran gravemente los derechos humanos de la mujer, porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en peligro su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia”.
Además, indicaron que “la acusación por homicidio hacia esta mujer denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada hasta el momento”.
También “acusa la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpe de forma legal o espontánea”, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, “en una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social”.
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