
A poco más de 15 días de que el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, asuma como diputado federal, las autoridades continúan las investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en su gestión y en sus finanzas personales que habrían derivado en posibles fraudes y corrupción.
De acuerdo con autoridades federales consultadas por el portal Animal Político, detallaron que el exministro mexicano es investigado por posibles desfalcos que ascienden a más de 800 millones de pesos y que no han sido solventados e incluso la mala gestión de una empresa de producción de sal estatal que “destruyó su valor económico” al punto de quedar en riesgo de quiebra.
El medio señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en curso al menos tres carpetas de investigación y se esperan nuevas denuncias en las próximas semanas. Sin embargo, Guajardo Villarreal asumirá como diputado federal por parte del PRI el próximo 1 de septiembre, por lo que obtendrá fuero.
En caso de que se realice alguna imputación en su contra, los fiscales responsables tendrán que solicitar al Congreso el retiro de la protección constitucional al exfuncionario y solo después de ello podrían inculparlo de algún delito.

Por su parte, Ildefonso Guajardo aseguró al medio que no ha incurrido en ninguna irregularidad y que, al igual que en el caso del presunto enriquecimiento por el cual se le procesó, cuenta con elementos de información para esclarecer cualquier señalamiento de las autoridades.
El pasado 9 de julio un juez federal vinculó a proceso a Ildefonso Guajardo por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, luego de que la FGR lo acusara de contar con recursos que no reportó oportunamente en sus declaraciones y que no se justifican con sus ingresos.
Todo derivó de una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) que identificó inconsistencias en la situación patrimonial de Guajardo como una obra de arte adquirida y no reportada correctamente por el exfuncionario. El caso fue denunciado ante la FGR que, a su vez, localizó una cuenta en el extranjero con poco más de 8 millones de pesos.
Horas después, el propio Guajardo Villarreal aseguró que todo se trata de una persecución política, por lo que se siente “de lo más tranquilo del mundo” ya que no ha tenido ningún comportamiento ilícito y cada uno de los señalamientos “tienen una explicación”.

Aseguró que la investigación ya se encuentra en manos del poder judicial; sin embargo, destacó que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra y que puede salir del país con el permiso de un juez.
“No hay una orden de aprehensión. De hecho estoy hablando desde mi casa, acabo de tener una reunión de trabajo. Sigo activo con mi consultoría, de la cual me separaré para cuidar el conflicto de interés”, dijo en aquella ocasión.
Al día siguiente (10 de julio), la Fiscalía General de la República negó que exista una “persecución política” en contra de Ildefonso Guajardo y señaló la SFP lo denunció desde el 12 de octubre de 2020, misma que fue integrada por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC).
Además, se señaló que tanto Guajardo como su defensa tuvieron acceso a la indagatoria desde el 8 de marzo pasado, pero hasta ese momento no habían presentado pruebas a su favor.
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