Este 3 y 4 de mayo se cumplen 15 años de las violaciones a derechos humanos cometidas en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. En 2006, fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales realizaron actos de represión, detenciones arbitrarias y uso generalizado de la tortura, incluida la tortura sexual contra mujeres.
Posterior a los hechos, en 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció la responsabilidad internacional de México, sin embargo, no existe ninguna sentencia condenatoria a nivel nacional, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
A pesar de que el Estado mexicano se comprometió a garantizar la reparación, la justicia y la no reparación, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en su sentencia, las mujeres sobrevivientes han manifestado su preocupación ante el incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano.
Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha remitido la investigación abierta contra policías estatales a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad.
De acuerdo con el Centro Prodh, “esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la misma instancia de procuración de justicia cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando”.
Por otra parte, destacó la preocupación por el retroceso e incluso la decisión de desacatar medidas de no repetición. Señaló que en octubre de 2019 se detuvieron las acciones del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra Mujeres, coordinado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Asimismo, denunció que a la fecha no existe una ruta institucionalizada para u funcionamiento, normatividad o garantía presupuestal, mucho menos se ha realizado el Diagnóstico Nacional en la materia ordenado por la Corte IDH. “Esto es particularmente relevante ya que las organizaciones continuamos documentando la persistencia de esta práctica contra mujeres, muchas de ellas en prisión”, se lee en el comunicado.
De igual forma, el Estado mexicano comunicó a la Corte IDH que los órganos de control interno con los que se cuenta cumplen ya con el propósito del establecimiento del Observatorio independiente de monitoreo del uso de la fuerza y rendición de cuentas de las fuerzas policiales a nivel federal (hoy Guardia Nacional) y del Estado de México.
En tanto, el Centro Prodh resaltó que el desacato del Estado mexicano ante las obligaciones internacionales impuestas por el fallo interamericano se agrava a luz de la preponderancia de la Guardia Nacional.
Otra omisión que destaca es la implementación de las medidas individuales, entre las que se encuentran las relacionadas con la atención de salud física y psicológica de las mujeres sobrevivientes. Este incumplimiento se deriva principalmente de la coordinación interinstitucional, indicó la organización.
La Corte IDH dio un plazo de máximo dos años para el cumplimiento de la mayoría de las medidas, por lo que a la fecha este periodo ha finalizado con únicamente dos acciones concluidas de las nueve ordenadas, dejando al resto en alarmante incumplimiento.
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