El crimen organizado ha logrado infiltrarse en la industria turística de Cancún, Quintana Roo, donde los trabajadores de obras de construcción viven aterrorizados por narcotraficantes que pretenden reclutarlos para actividades ilícitas.
El turismo es el motor principal de la economía en la región, pero, de acuerdo con el semanario Proceso, las construcciones han sido coptadas por extorsionadores y vendedores de droga que afectan e intimidan a autoridades, empresarios y trabajadores del lugar.
Un policía Ministerial de Investigación anónimo del estado mencionó que alojamientos como Catalonia, Atelier, Excellence, Majestic, Palladium, RIU Dunamar y RIU Beach Palace forman parte de los inmuebles afectados por el crimen organizado.
El modus operandi se basa principalmente en la extorsión de obras, reclutamiento, tortura y desaparición de trabajadores. Este esquema habría sido identificado por primera vez hace dos o tres años en Isla Blanca, una extensión de Cancún desde donde el narco se habría extendido.
Isla Blanca, asegura Proceso, es considerada “la nueva zona hotelera de Cancún” y se tenía pensado crear 29,400 cuartos de hotel. Sin embargo, la violencia ha escalado al grado de reportar también ejecuciones violentas en agravio del sector.
Aunque hasta ahora no se tiene un grupo responsable de estos actos, se sabe que en la región se encuentra el Cártel del Pacífico y el Jalisco Nueva Generación (CJNG), ambos enfocados en el tráfico de drogas, personas, mercancías, extorsión y secuestro, según Latia Consultores.
De acuerdo con lo que algunos afectados dijeron a periodistas del semanario, los integrantes de grupos criminales cobran para permitirles trabajar y varía el precio según el rango que tengan en la obra. Este pago se puede hacer con una cuota semanal desde 500 pesos o adquiriendo dosis de marihuana de manera forzada.
Los patrones directos, además, tendrían que pagar una cuota extra para evitar que a sus trabajadores los golpeen como advertencia. Además, en los resorts se encuentran también los hampones, criminales que controlan la asistencia de los obreros y el sueldo que perciben.
“El vendedor les ofrece drogas todo el día. La situación empeora si, además de la cuota semanal, los trabajadores se endeudan para poder consumir”, aseguró uno de los empleados a Proceso.
De hecho, las construcciones serían identificadas desde que inician. Así, el crimen organizado identifica a los responsables y contratistas, investigan sus datos personales y posteriormente los abordan para comenzar con la extorsión.
La violencia en la zona ha ido incrementando en los últimos años, pero el director de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), Óscar Montes de Oca Rosales, relacionó este hecho al escenario de migración que se vive al sur de México, donde personas que pasan por el estado son empleadas por las grandes constructoras.
“De los homicidios (en Quintana Roo) –tanto victimarios como víctimas–, 80% no son de aquí; todos vienen de estados aledaños y tienen que ver con el tema de la construcción. Ahí son tomados y llevados, primero, para auxiliar en la venta de drogas y, posteriormente, los convierten en sicarios”, explicó el funcionario
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