Cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se deslindaron del presidente de la Sala Superior, José Luis Vargas, y lo dejaron solo en su disputa contra el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que lo acusa de manipular una votación y acuerdos aprobados en el Consejo de Administración del órgano jurisdiccional.
Se trata de los magistrados Janine Otálora, Indalfer Infante, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña; quienes previamente se rehusaron a reconocer un comunicado del organismo y un acuerdo del 28 de enero de la Comisión de Administración del TEPJF, éste último también fue rechazado por los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Loretta Ortiz Ahlf, Bernardo Bátiz y Jorge Antonio Cruz.
En el comunicado, se asegura que “el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) comunica su postura” en el que “niega irregularidades en la Comisión de Administración”.
Pero los magistrados enviaron cartas a la consejera y consejeros del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en donde señalan que “no suscribimos las posturas difundidas por la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral” y que “dicho documento fue emitido sin nuestra participación ni conocimiento, de hecho tampoco tuvimos información de los detalles del contexto y motivo de tales posicionamientos que fueron emitidos a nombre del TEPJF”, aseguraron.
Además, apuntaron que “el Consejo de la Judicatura Federal no puede ser considerado como parte de alguna estrategia “que pone en peligro el adecuado funcionamiento en la institución”.
“La legalidad debe regir a los funcionarios del Tribunal Electoral, así como debe ser el eje rector de los procedimientos y funciones de la Comisión de Administración. Esto es especialmente importante cuando se trata de definir el ejercicio del presupuesto público asignado al TEPJF”, agregaron los magistrados inconformes.
Todo comenzó el pasado jueves 4 de marzo, tras una sesión del Consejo de Administración, el órgano encargado del manejo de los recursos del tribunal y en el que participan los tres consejeros de la Judicatura, así como José Luis Vargas -en su calidad de presidente de la Sala Superior- y el magistrado Felipe Fuentes.
Tras dicha sesión, se publicó en Milenio un trascendido en el que el consejero de la Judicatura Jorge Cruz Ramos fue señalado de intentar alterar la votación de una sesión de la Comisión de Administración del 28 de enero.
De acuerdo con el portal Animal Político, para el grupo opositor a Vargas era un hecho que el trascendido provenía de la oficina del presidente de la Sala Superior. Y es que al interior del tribunal es recordado un enfrentamiento entre el magistrado y el consejero Cruz Ramos, cuando éste se opuso a un proyecto de José Luis Vargas para que el tribunal gastara 27.5 millones de pesos en la compra de camionetas blindadas.
El viernes 5 de marzo, el CJF, el órgano encargado de vigilar la actuación de los jueces y magistrados federales, publicó un comunicado en el que señaló que en la sesión de la Comisión de Administración del día anterior Vargas intentó desconocer y manipular un acuerdo adoptado previamente, que daba certeza al uso de los recursos del tribunal.
El lunes 8 de marzo, la Sala Superior - la oficina de Vargas Valdez- emitió un comunicado y publicó mensajes desde la cuenta institucional del TEPJF en los que acusó a la Judicatura de formar parte de una estrategia que pone “en riesgo el adecuado funcionamiento de la institución”.
En la carta suscrita el martes 9 de marzo, la magistrada Otálora y los magistrados Rodríguez, Infante, Fuentes y De la Mata sostuvieron que el comunicado y los mensajes de Twitter publicados el lunes no fueron sometidos a la consideración de los integrantes del pleno del tribunal y que, de hecho, no suscribían su contenido.
“Consideramos al Poder Judicial de la Federación como una fuente de legitimidad, puesto que su misión ha sido siempre la de favorecer una justicia electoral que sirva a la ciudadanía y a la democracia de México”, indica la carta.
Por su parte, José Luis Vargas Valdez, llamó a sus compañeros magistrados a no paralizar las funciones del organismo.
La noche del 9 de marzo, el magistrado presidente del TEPJF convocó a Sesión Extraordinaria de la Comisión de Administración del TEPJF para el martes 16 de marzo a las 17:00 horas para resolver el diferendo.
“Me permito solicitar respetuosamente a los consejeros miembros de la Comisión de Administración, que hagan llegar a esta Presidencia los resolutivos del punto de acuerdo que ha generado la controversia suscitada, a fin de tomar decisiones en materia presupuestaria que propicien el oportuno ejercicio de los recursos aprobados”, aseguró.
El presidente del máximo organismo electoral llamó a los magistrados a conciliar los diferendos teniendo presente la alta responsabilidad constitucional del organismo en las elecciones.
“El Tribunal Electoral debe estar preparado para enfrentar las controversias del Proceso Electoral Federal más grande en la historia del país, por lo que es de suma importancia tomar decisiones en materia presupuestaria que propicien el oportuno ejercicio de los recursos aprobados, evitando posibles subejercicios, que pudieran generar responsabilidades administrativas”, indicó.
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