La Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial barajean la posibilidad de que se apruebe la orden de aprehensión contra el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) por el fallido operativo Rápido y Furioso y por una partida secreta de 7,000 millones de pesos en la Policía Federal, cuando Genaro García Luna -preso actualmente por crímenes de narcotráfico- era titular de Seguridad Pública.
La FGR presentó de manera informal ante las instancias judiciales el expediente con el borrador de solicitud de la orden de aprehensión contra el ex mandatario del Partido Acción Nacional (PAN). El documento señala el presunto uso de una “partida secreta” de la Policía Federal durante el sexenio de Calderón.
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La partida etiquetada con el número 33701 del presupuesto ascendía a 7.000 millones de pesos, según el periodista Carlos Loret de Mola.
El periodista destacó que fuentes de alto nivel le confirmaron que con este cabildeo, la Fiscalía busca evitar errores de integración o planteamiento en la carpeta de investigación, que pudieran ocasionar que el juez rechace emitir la orden de aprehensión contra Calderón. El borrador del documento se regresó al ministerio público para hacerle ajustes y precisiones.
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López Obrador también se ha servido de la Operación Rápido y Furioso para denostar sistemáticamente a Calderón Hinojosa, a pesar de que este ha negado las imputaciones afirmando que esa operación fue secreta, y que su gobierno tuvo conocimiento de ella hasta que se hicieron públicos los detalles de la operación, que dio origen a una exigencia al gobierno de Estados Unidos para que frenara el flujo de armas a México.
Sin embargo, el actual presidente no se conformó con ello. Instruyó a la FGR y a la Consejería Jurídica de la Presidencia para que judicialicen el caso y procedan a acusar a Calderón, al entonces procurador general, Eduardo Medina Mora, y a varios funcionarios de la extinta PGR de “homicidio” por haber dejado pasar las armas.
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Entre 2006 y 2011, el fallido operativo Rápido y Furioso, implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo más de 2,000 armas a México con chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a dar a manos de narcotraficantes.
El escándalo estalló debido al hallazgo de dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa y que fueron utilizadas en un tiroteo cerca de Arizona donde murió Brian Terry, un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense, con la bala de una arma que habían dejado que compraran criminales mexicanos.
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Este episodio histórico de la relación bilateral en materia de seguridad dejó de manifiesto la vulnerabilidad en cuanto al control de la venta y distribución de armamento y las consecuencias que esto puede conllevar para la sociedad civil tanto mexicana como estadounidense.
López Obrador quiere revivir todo el caso: originalmente quería conocer si Calderón había violado la Constitución y si el gobierno de Estados Unidos había realizado operaciones ilegales en México. A pesar de ello no era suficiente para procesar al expresidente.
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Sin embargo, ahora, con la acusación de homicidio, ha visto una nueva posibilidad real de ponerlo ante un juez.
Calderón Hinojosa quiso que su gobierno fuera recordado como el “sexenio de la seguridad”. Apostó a la persecución del crimen organizado, multiplicó el gasto en policías federales, envió al ejército a las calles y echó a andar una estrategia para hacer convincentes sus acciones: la famosa Guerra contra el narco.
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No hay cifras oficiales precisas de cuántos muertos dejó la polémica iniciativa.
El gobierno de Calderón reconoció que entre 2006 y 2012 se registraron 47.500 muertos, pero organismos civiles dieron cuenta que fueron 70.000 muertos y 40.000 desaparecidos, incluso se ha hablado de hasta más de 100.000 muertos.
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