El 75% de los homicidios en México se cometen con armas de Estados Unidos y Washington reduce sus controles

Estados Unidos intercepta apenas 3% de las armas que tienen como destino los cárteles en México. El resto cruza la frontera sin ser detectado, alimentando una crisis de violencia que tiene un costo humano directo y medible: de los 19 mil 986 homicidios registrados en México durante 2025, el 75% —casi 15 mil personas— murieron por arma de fuego. Y según estimaciones del gobierno mexicano, 7 de cada 10 armas ilegales en territorio nacional provienen de Estados Unidos.

Frente a ese panorama, el gobierno de Donald Trump presume sus resultados: desde enero de 2025, operativos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) derivaron en la incautación de 36 mil 277 armas de fuego y más de 2.3 millones de municiones vinculadas a actividades ilícitas y grupos criminales. De ese total, 4 mil 359 armas y 648 mil 975 municiones estaban destinadas directamente a organizaciones criminales en México.

Sin embargo, un nuevo estudio académico advierte que esas cifras representan apenas la superficie del problema.

Lo que EE.UU. no está haciendo

La investigación, publicada en mayo por Claire Castrejon y Abigail Tank para el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown — en colaboración con la iniciativa Stop US Arms to Mexico de Global Exchange — analizó datos de rastreo de armas de la ATF correspondientes al periodo 2015-2024, obtenidos mediante solicitud de transparencia.

La conclusión es clara: las medidas con mayor potencial para frenar el tráfico de armas hacia México siguen sin aplicarse, y algunas incluso han retrocedido.

Las cuatro recomendaciones centrales del estudio son:

• Verificación obligatoria de antecedentes en todas las ventas de armas, incluyendo transacciones entre particulares. Hoy, la ley federal solo exige este requisito a distribuidores con licencia. El llamado “resquicio de las ferias de armas” — ventas privadas que eluden ese control — representó el 40.7% de los tipos de tráfico investigados entre 2017 y 2021, según la propia ATF.
• Más inspecciones en cruces hacia el sur. El estudio señala que las zonas con mayor concentración de armas rastreadas se ubican junto a las principales carreteras del país, por lo que más personal, tecnología y puntos de revisión en sentido sur reducirían la capacidad de las redes de contrabando.
• Devolver al Departamento de Estado la supervisión de exportaciones de armas pequeñas, trasladada al Departamento de Comercio en 2020. Bajo el esquema actual, los exportadores no están obligados a notificar al Congreso ni a registrarse. En septiembre de 2025, la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio revirtió la mayor parte de una regla de 2024 que había endurecido estos controles, bajo el argumento de generar “cientos de millones de dólares” en oportunidades de exportación para la industria armamentista.
• Derogar las Enmiendas Tiahrt, que impiden al FBI y la ATF conservar y compartir ampliamente registros de compra y datos de rastreo de armas, obstaculizando las investigaciones sobre “compradores de paja”: personas sin antecedentes que adquieren armas legalmente para traficantes.

Arizona, la puerta de entrada

Arizona se ha consolidado como el principal punto de origen de armas traficadas hacia México. En 2024, el 62% de las armas recuperadas en México y rastreadas hasta una compra reciente en Estados Unidos fueron vendidas en ese estado — particularmente con destino a Sinaloa, donde desde 2024 escaló la violencia por la pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

En conjunto, Texas y Arizona son origen del 83.6% de las armas recuperadas en México y rastreadas a Estados Unidos entre 2015 y 2024, de acuerdo con los datos de la ATF analizados por Georgetown.

Entre el armamento detectado destacan los rifles calibre .50, altamente codiciados por los cárteles por su capacidad de perforar blindaje. En 2025, el Ejército mexicano confiscó 140 rifles Barrett de ese calibre, más otros 39 de distintos fabricantes — una cifra que, según el reporte, representa apenas una fracción de los que habrían sido traficados en ese año.

El reconocimiento que no alcanza

El propio gobierno de Estados Unidos reconoció en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 que el flujo de armas hacia México es un factor clave en la violencia de los cárteles, y que este fenómeno “no solo fortalece la capacidad operativa de las organizaciones criminales, sino que también facilita el tráfico de drogas hacia el norte, consolidando un circuito binacional de violencia y mercado ilegal.”

Pero el reconocimiento no se ha traducido en las reformas estructurales que los expertos señalan como necesarias. Las autoras de Georgetown advierten que, mientras persistan los vacíos legales en la venta privada de armas, la falta de inspecciones hacia el sur y el debilitamiento de los controles de exportación, los operativos de decomiso seguirán siendo una respuesta insuficiente.

Como alternativa ante la resistencia política — encabezada por grupos como la Asociación Nacional del Rifle — el estudio propone que estados como Texas y Arizona legislen verificaciones de antecedentes a nivel local, como ya lo hizo Nuevo México en 2019, o que se establezca un proceso interagencial entre los departamentos de Comercio y Estado para realizar verificaciones de uso final sin imponer cargas adicionales a los exportadores.

El debate, mientras tanto, tiene consecuencias concretas en México: la Sedena y la Guardia Nacional decomisaron durante 2025 el cuádruple de armas que la ATF interceptó en ese mismo periodo. La diferencia es que las armas que llegan a suelo mexicano ya han llegado demasiado lejos.