El pasado viernes 11 de diciembre, la Fiscalía General del Estado de Durango accedió a retirar los cargos en contra de la doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social, Azucena Guadalupe Calvillo Carrillo.
El anuncio de la fiscalía llegó luego de que el secretario general del estado, Héctor David Flores Ávalos, dio un comunicado en el que informaba sobre la posición del gobernador en el tema. De acuerdo con el mensaje, el mandatario de la entidad, José Rosas Aispuro pidió a la fiscal del estado, Ruth Medina Alemán, que eximiera a la doctora acusada de tentativa de homicidio.
“Ante la duda razonable, que se desprende de las contradicciones de quienes han motivado la investigación, el gobernador del estado ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que valore retirar la formulación realizada ante el juez en el proceso penal que se sigue en contra de la doctora Azucena Calvillo”, dijo Flores Ávalos en su mensaje.
La fiscalía accedió a la petición luego de que la misma estuvo motivada por las diversas acusaciones de tortura. De acuerdo con la hermana del magistrado que, supuestamente, sería la víctima de homicidio, ella nunca acusó a la doctora Calvillo y reprobó el manejo que la fiscalía hizo del caso.
Medina Alemán había asegurado que la denuncia provenía del personal del hospital, sin embargo la comunidad médica de la entidad negó haber acusado a la doctora Calvillo y exigieron su liberación.
La audiencia del caso estaba programada para la mañana del lunes, pero fue adelantada a la noche del viernes, cuando la entidad investigadora retiró los cargos.
El caso estuvo marcado por protestas y denuncias de manejo irregular. Además de las acusaciones de tortura, la noche del jueves, el periodista Ciro Gómez Leyva compartió un video en el que la doctora está, supuestamente, atentando contra el magistrado.
La fiscalía negó estar relacionada con el video y argumentó que éste no forma parte de la evidencia en la carpeta de investigación.
La doctora zacatecana fue detenida el 7 de diciembre. Inmediatamente después, sus familiares se manifestaron afuera de la fiscalía para exigir su liberación. De acuerdo con los allegados de la doctora, la detención fue, en realidad, una desaparición. La fiscal negó esta versión y aseguró que Calvillo gozaba de todas sus garantías constitucionales.
Luego, el 10 de diciembre, la doctora fue puesta en libertad provisional para enfrentar su proceso legal.
Después de ser liberada, la médico volvió a sus labores en la unidad COVID-19 del hospital.
Al día siguiente, en su cuenta de Twitter, el gobernador Aispuro publicó una foto de su reunión con Calvillo. “Estoy atento al caso de la Dra. Azucena Calvillo, quiero compartirles que anoche me reuní con ella y su esposo. Me comprometí a revisar que el proceso judicial se este llevando a cabo con apego a la ley, en aras de hacer justicia.”, escribió el gobernante.
Por su parte, Marco Antonio Güereca, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango, declaró que investigarían la posibilidad de que la fiscalía haya incurrido en violaciones al debido proceso y a la integridad de la doctora Calvillo y que, de ser así, aplicarían las medidas correspondientes en la materia.
Cuando fue liberada, la doctora, en medio de llanto, dio gracias por las muestras de solidaridad del personal de salud.
“Se los agradezco con el corazón… no puedo, estoy nerviosa. Yo nunca había estado en una situación así. Muchas gracias por estar aquí apoyándome… ¡Gracias a todos, gracias! ¡Que Dios los bendiga a todos, gracias, de corazón!”, declaró Azucena Calvillo, de acuerdo con Excélsior.
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