El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. En el marco de esa efeméride, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó su comunicado anual de estadísticas vinculadas a la corrupción en México.
Destaca el porcentaje de víctimas de actos de este tipo que, entre 2013 y 2019 pasó de ser 13 por ciento a 16 por ciento de la población.
El instituto define corrupción como “el acto de abuso de poder público para beneficio personal. Sus manifestaciones incluyen soborno, apropiación o robo de bienes públicos, extorsión en procesos de contratos, licitaciones e impuestos”.
Los actos de corrupción a gran y pequeña escala obstaculizan el desarrollo humano, ya que desvían recursos públicos de la inversión social, agudizan la desigualdad y destruyen la confianza en las instituciones públicas.
En 2016, el gobierno expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es determinar los mecanismos de coordinación entre instituciones de todos los órdenes de gobierno para el combate a este conjunto de delitos administrativos.
A lo largo del país, distintas entidades han comenzado a configurar sus órganos del Sistema Anticorrupción como los Comités Coordinadores Estatales, los Consejos de Participación Ciudadana, las Fiscalías Anticorrupción, las Secretarías Técnicas, los Tribunales de Justicia Administrativa y los Planes Anticorrupción.
El Inegi califica el soborno como el principal indicador para medir la corrupción ya que implica la solicitud o recepción de dinero o dádivas a cambio de hacer algo “justo o injusto” relacionado con sus funciones.
La institución sólo detectó 7 estados donde la corrupción en 2019 fue menor que en 2013, en todos los demás aumentó. Destaca el caso de Durango donde pasó de 7.6 víctimas por cada 100 habitantes en 2013 a 25.4 en 2019.
En los distintos niveles de gobierno la incidencia de la corrupción también varía. Los gobiernos estatales son los más corruptos con 22.3 por ciento de víctimas en 2019, le siguen los gobiernos municipales con 15.6 por ciento y el gobierno federal con 2.1 por ciento.
El sector económico que es víctima de estos delitos con mayor frecuencia es la industria, le siguen los servicios y, al final, el comercio. En total, el soborno le cuesta a las personas cerca de 12 mil 770 pesos.
En cuanto al costo no contable, es decir, la pérdida de confianza en las instituciones públicas, el Inegi encontró que esta disminuye radicalmente una vez que alguien fue víctima de corrupción ante alguna autoridad.
La institución peor calificada es la Policía, sólo 20.6 por ciento de las personas que han sufrido algún acto de corrupción confía en los agentes de seguridad pública. Con los jueces es el 28.8 por ciento, con los Ministerios públicos es el 23.7 por ciento y, finalmente, con los servidores públicos, la cifra sube a 32.5 por ciento.
También destaca que el 81 por ciento de las víctimas de corrupción no denuncia el acto, la mayoría porque consideran que “es inútil, no le darían seguimiento”.
De acuerdo con el Inegi, aún no es posible percibir si la implementación de los mecanismos institucionales anticorrupción han tenido un efecto real en la disposición del público para denunciar delitos de esta naturaleza.
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