Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, anunció la firma de un acuerdo definitivo para la resolución del conflicto entre las comunidades de Aldama y Chenalhó, en Chiapas. Las poblaciones han permanecido en conflicto desde 1975, cuando se originó un desacuerdo relacionado con el reparto de tierras. Organizaciones de la Sociedad Civil han señalado el desinterés de las autoridades federales para intervenir en la resolución del conflicto.
De acuerdo con un comunicado emitido a través de la página web del subsecretario, la firma del documento será un antecedente jurídico, pues ayudará a aclarar el tema agrario. También señaló que desde su instancia, se atenderá y reparará el daño a las víctimas del conflicto. De esa forma, una medida ejercida desde el gobierno federal para garantizar las condiciones de paz y seguridad, dijo, será la cooperación entre la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad del estado, por lo que llamó a los habitantes a no permitir “que gente ajena a la zona quiera entorpecer el cumplimiento del acuerdo”.
También señaló su mejor disposición, pues es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. “La suscripción de dos pactos de no agresión que desde el gobierno federal se ha impulsado para que se cumplan y que da cuenta de la voluntad y la disposición de ambas comunidades para encontrar el camino de la reconciliación en esta zona del estado.”, dice el comunicado.
El conflicto entre las comunidades de Aldama y Chenalhó comenzó en el año de 1975, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria asignó 60 hectáreas al ejido de Santa Martha, en Chenalhó. Sin embargo los pobladores de la comunidad de Santa María Magdalena, en Aldama, reclamaron la adjudicación de dicha porción de territorio. Desde entonces la pugna entre ambas comunidades ha sido una constante.
La disputa ha sido agravada, pues Organizaciones de la Sociedad Civil han denunciado ataques en contra de habitantes de 13 comunidades tzotziles en Aldama. En ese contexto, han señalado a un grupo de corte paramilitar que opera desde Santa Martha y ha asolado a los pobladores de dicho municipio por medio de ataques armados. Estos acontecen cuando los pobladores se dirigen hacia los terrenos donde realizan su labor agrícola. Esto ha ocasionado el desplazamiento forzado de familias enteras.
El Centro Mexicano de Defensa y Promoción de Derechos Humanos define al desplazamiento interno forzado como “una violación a los derechos humanos que se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a derechos humanos”.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el 11 de octubre de 2020, documentó el caso de Alfredo Pérez Hernández, habitante de 37 años de edad herido por un impacto de bala cuando se dirigía a la comunidad de Tabak, en Aldama. Desde el día anterior, se registraron, al menos 39 agresiones armadas a 10 comunidades en Aldama. Los ataques provinieron desde 27 puntos en Chenalhó.
De igual forma, el 18 de noviembre una brigada de ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de las Casas y del Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México (FISANIM) fue atacada cuando se dirigían a entregar alimentos a familias desplazadas forzadas en Tabak. En el acto María Isabel Hernández Rea, quien integraba el grupo, resultó herida en la pierna por un arma de alto calibre.
A pesar del anuncio de Encinas Rodríguez sobre la firma del acuerdo de paz entre las comunidades, donde también anuncia la participación de la Guardia Nacional, los pobladores han señalado la presencia e ineficiencia de dicho cuerpo de seguridad. De acuerdo con un audio difundido por Frayba, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama ha señalado que tanto la Guardia Nacional como la policía estatal no han actuado para cesar los ataques armados en contra de los pobladores.
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