Noviembre del 2020 pasará a la historia como un mes donde el combate a la corrupción por parte del gobierno de México cobró una gran relevancia. Ni siquiera se ha llegado a su primera quincena y la Fiscalía General de la República (FGR) ya acusó por traición a la patria al ex secretario federal Luis Videgaray y al ex presidente Enrique Peña Nieto.
Por su cuenta, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya inhabilitó a María Cristina García Cepeda, ex secretaria de Cultura de Peña Nieto y a Guillermo García Alcocer, ex director de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien tomó protesta como director de este órgano descentralizado en 2016.
Sin embargo lo más relevante son los casos armados por la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero, pues en la historia moderna de la república nunca se había acusado a ningún ex servidor público por traición a la patria y, por lo mismo, el proceso penal, así como el marco jurídico y la argumentación de la parte acusatoria captaron la atención de usuarios de redes sociales.
De acuerdo con el Artículo 123 del Capítulo I del Título Primero escrito en el Código Penal Federal, mismo que aborda el tema de Delitos Contra la Seguridad de la Nación y Traición a la Patria, especifica que “se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes:
I.- Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero;
II.- Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México”.
Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia el 1 de diciembre del 2012 gracias a unas elecciones en las que el entonces candidato por el Partido de la Revolución Institucional (PRD), Andrés Manuel López Obrador, señaló numerosas inconsistencias y presuntas compras de votos. En materia de administración pública, el sexenio peñanietista se caracterizó por algo a lo que se le denominó “el pacto por México”, donde fueron aprobadas la reforma energética y la reforma educativa, mismas que también fueron reprobadas por el actual jefe del ejecutivo federal.
Años después, con la entrada de la administración del político tabasqueño, la FGR decidió realizar una acusación contra el ex presidente de México por su presunta relación en caso Odebrecht, en donde Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo señaló de cometer delitos electorales para llegar a la presidencia, para que cuando estuviera en el poder, Peña Nieto promoviera la reforma energética y favoreciera a la empresa brasileña.
De acuerdo con el texto de la Fiscalía, el expresidente “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética”, aprobada en diciembre de 2013. El delito de cohecho se habría cometido cuando, por supuestas órdenes de Peña Nieto, Videgaray distribuyó “a través de interpósitas personas” 121.5 millones de pesos, entre legisladores del Congreso.
Los destinatarios habrían sido un legislador del PRI, David Penchyna, y tres del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Ricardo Anaya. Éste último fue el candidato del blanquiazul para la presidencia del país en 2018.
Por su cuenta, AMLO expresó su confianza en el fiscal autónomo de México y dijo que la justicia llega, “tarde pero llega”.
“Tenemos que actuar con responsabilidad y tener confianza en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Yo aquí aprovecho para decir que le tengo confianza al Fiscal. Quisiera yo, pero entiendo que no es posible a veces, que se avanzara más rápido. Ahora sí que justicia pronta y expedita porque se están tardando, pero le tengo confianza al Fiscal”, dijo durante la conferencia de prensa.
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