La discusión en torno al outsourcing no es nueva en el ambiente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habría llamado a legislar este terreno prácticamente desde su nombramiento.
Ante las declaraciones del mandatario, de presentar una iniciativa para eliminar la figura de la subcontratación, Alcalde, durante una conferencia de prensa el pasado 27 de octubre, mencionó que existen cerca de 4.5 millones de personas que están bajo un esquema de subcontratación y alrededor de 3 millones de personas son subcontratadas de manera ilegal.
Si se llegara a eliminar esta figura, ¿qué pasaría con las personas que se encuentran bajo este régimen? Para Fernanda Menéndez Álvarez, abogada laboral, estos empleos se perderían, pues las empresas que se apoyan del outsourcing no tendrían la solvencia económica para mantener a esos empleados.
Alcalde Luján mencionó que el contenido de la iniciativa de ley que reformaría el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo sería dado a conocer “en breve por el presidente de la República”, pues es una problemática que se debe atender. Sin embargo, hasta el momento no se ha decretado nada y el dictamen continúa pendiente.
Sin embargo, la opinión de la especialista es diferente. Para Menéndez, varias empresas presentarían amparos y procurarían darle la vuelta a la iniciativa, pues este tema genera empleos, tanto para empresas privadas como para secretarías de Estado.
Las empresas outsourcing ya estuvieron directamente ligadas a un intento de regulación con las modificaciones y añadiduras que se le hicieron al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo en las distintas reformas durante los periodos de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el actual. A pesar de esto, López Obrador destacó que no funcionó dicha estrategia, pues hubo personajes que se aprovecharon de la situación y “abusaron”.
Para el jefe del Ejecutivo, la Reforma Laboral que se dio durante la gestión pasada, sólo permitió ventajas para los empresarios, mas no para los trabajadores, quienes se vieron afectados al ser subcontratados por diversas empresas.
“Esas reformas que hicieron (para permitir el outsourcing) tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicara a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro Social, al Infonavit. ¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, dijo el mandatario.
Pero Menéndez menciona que el outsourcing responde a una necesidad inmediata de tener trabajos, de emplearse para obtener un ingreso.
De darse una eliminación de la figura del outsourcing, esos casi tres millones de empleos se perderían, pues son “personas que las empresas no necesitarían”, según la especialista. Aunado a la poca posibilidad de solventar gastos y responsabilidades de las empresas de origen, ya que esos pesos los acarrean las empresas de subcontratación.
Una situación más viable, que podría generar ventajas tanto para trabajadores, empresarios y el gobierno es buscar una nueva regulación basada en los pilares que ha mencionado Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, las cuales son:
- Registro Nacional
- Fortalecimiento de las inspecciones
- Subcontratación acotada
- Especialización
- Transparencia
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, el Nuevo Modelo de Inspección Laboral ha tenido buenos resultados durante la gestión de López Obrador, pues el porcentaje de inspecciones aumentó de un 57% en 2018 a un 82% durante 2019, lo cual ha reducido el ejercicio de outsourcings ilegales.
En este sentido, si se lograra perfeccionar el Modelo, y con él se eliminaran las ilegalidades, no se perderían esos casi 3 millones de empleos, además de que se buscaría una dignificación de las condiciones laborales.
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