
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para desaparecer el outsourcing, ocasionaría la pérdida de 4.5 millones de empleos, por lo que lo mejor sería aplicar la Ley del Trabajo para evitar la simulación laboral, así lo advirtieron expertos del sector privado.
El martes de 27 octubre, López Obrador aseguró que mandaría una iniciativa al Congreso para desaparecer a por lo menos 6,000 empresas de subcontratación debido a que ocasionan una evasión fiscal por 21 mil millones de pesos, luego de revelar que el gobierno investiga a un “facturero”, que por medio de la subcontratación, empleaba a 200,000 personas,
"Había un facturero que está siendo investigado, que al mismo tiempo tenía una empresa de subcontratación, un outsourcing. Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. O sea, va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción, encubridores
“Esas reformas que hicieron (para permitir el outsourcing) tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicara a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al Seguro Social, al Infonavit. ¿Qué sucedió? Abusaron de esas medidas y afectan al trabajador, afectan a la hacienda pública, afectan al desarrollo del país y se fomenta la corrupción”, dijo el mandatario.

“200,000 empleados para quitarle a las empresas la responsabilidad de pagarle lo justo a los trabajadores, para que no les cubrieran a los trabajadores sus prestaciones, para quitarlos de la nómina en noviembre, diciembre y no darles aguinaldo y volverlos a subir a la nómina en enero, en febrero. Pues eso se va a terminar”, advirtió.
Este miércoles, el presidente volvió a hablar del tema. Aseguró que ya se intentó regular a estas empresas “pero hay quienes no ayudan.. son de esas decisiones en las que pagan justos por pecadores”, dijo.
Reconoció que hay muchos empresarios responsables, “pero hay otros que ni siquiera son empresarios, son coyotes, que abusan de todo estos mecanismos de contratación trabajadores y se afecta a los trabajadores (...) esto surge a partir de la llamada reforma laboral, en donde se permitió hasta la contratación por horas. Se abusó, son las llamadas reformas estructurales que no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo”, resaltó.
El mandatario destacó que “estas oficinas ganan muchísimo dinero (...) Entonces se afecta a los trabajadores, desde luego no se pagan los impuestos, hay una evasión fiscal y es entendible de por qué debería separarse la actividad productiva de una empresa con la actividad administrativa y la parte administrativa que puedan llevarla a través de una empresa que se contrate con ese propósito. El empresario a producir y la parte administrativa que puedan llevarla a través de una empresa que se contrate con este propósito, pero resulta que se abusó del mecanismo", insistió.
Consultados por el diario El Financiero, Jorge Sales Boyoli, coordinador del Comité de Derecho Laboral de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), aseguró que la postura manifestada por el presidente “es un poco radical”, además que no consideró revisar aspectos ligados como el reparto de utilidades y sus consecuencias en las cadenas de valor que subcontratan personal en “picos” de producción.
“Posiblemente se afectaría la productividad y las cadenas de suministro, hay que recordar que la integración comercial con nuestros socios se mueve así; desaparecer la subcontratación en empresas con producción ligada a Estados Unidos o Canadá podría generar ciertos desajustes en la cadena de suministro”, sostuvo.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también se pronunció en contra de eliminar el outsourcing.
“Al prohibirlo se perderían empleos legítimos debidamente remunerados que impulsan la recuperación económica. Estamos en contra de una reforma legal que prohíba la subcontratación laboral que sí cumple con todos los estándares legales”, aseguró la Confederación a través de un comunicado.

En el mismo sentido se pronunció Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de ManpowerGroup, quien señaló al diario que “las empresas de outsourcing evasoras son las que se deben de prohibir. Hace falta que el fisco entre con todo en el sector, si ya tiene a algunos en la mira, pues debemos de saber esos casos porque muchas empresas están viendo que no pasa nada”, resaltó.
Por su parte, el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), Armando Leñero, explicó a Publimetro que el anuncio hecho por el mandatario tiene implicaciones graves.
Señaló que, si los diputados federales y senadores concretan esta desaparición, 80% de los trabajadores implicados –3.6 millones- pasarían directamente a la informalidad; lo cual implicaría una reducción de 10% a 15% del salario actual y pagos “por fuera” que se prestarían a mayores abusos.
Además, apuntó que la pérdida de prestaciones laborales como IMSS, Infonavit, aguinaldo y pensiones; tendría un impacto sería más severo en los adultos mayores, ocupados en servicios de limpieza, y para los jóvenes, que encuentran su primer empleo a través del outsourcing.
Es por eso que resaltó “No se requiere desaparecer el outsourcing; se requiere aplicar la Ley Federal del Trabajo; que a través de la reforma a su artículo 5, fracciones XIII, XIV y XV, hecha en mayo de 2019, prohíbe la simulación de una relación laboral y los actos que encubran a las empresas para evadir sus obligaciones”, concluyó.
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