El esclarecimiento de los hechos que sucedieron en Iguala, Guerrero, sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, es uno de los temas más relevantes para la Fiscalía General de la República (FGR); sin embargo, en la actualidad, la opacidad parece mantenerse, pues las autoridades habrían clasificado como información reservada y confidencial los avances del actual gobierno.
De acuerdo con el portal de noticias Animal Político, los nuevos tomos del expediente se han reservado aun cuando el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) había desclasificado la investigación desde el 2015. En estos expedientes habría datos, diligencias y hallazgos con los cuales la FGR sustentó la caída de la llamada “verdad histórica”.
Cabe recordar que entre octubre de 2015 y noviembre de 2018 se transparentaron los expedientes de las pesquisas en torno al caso, los cuales se publicaron en un micrositio; sin embargo, a partir de diciembre de 2018 se dejó de mostrar información respecto al tema.
Por ello, el medio de comunicación hizo una solicitud de información vía transparencia acerca de los últimos tomos y otras carpetas relacionadas, pero la dependencia respondió, a mediados de octubre, que ya habían sido clasificados como “información reservada y confidencial, de conformidad con el artículo 110, fracciones VII y XII y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia”.
Los motivos por los cuales la Fiscalía no ha dado a conocer más información al respecto es que se trata de una averiguación en curso, por lo que transparentar detalles pondría “en riesgo la presunción de inocencia de los posibles implicados, el debido proceso y el éxito de la indagatoria”.
Además, puntualizaron que la FGR debe anteponer el éxito de la pesquisa al cumplimiento del derecho de la sociedad a la información pública. “Servidores públicos deben evitar a toda costa poner en riesgo la seguridad de las víctimas, así como la suya y la investigación”, contestaron al portal de noticias.
No obstante, desde febrero de 2015, el INAI desestimó argumentos similares de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pues consejeros del instituto determinaron que era más relevante el derecho de la sociedad a conocer un caso calificado de violaciones graves a derechos humanos.
Respecto a esa decisión, el comisionado presidente del INAI, Javier Ramírez Acuña, destacó durante una entrevista con el mismo medio, que había sido “una de las más valientes y más poderosas” del instituto. Por ello, declaró que buscarán su revocación por el pleno del INAI.
Si bien la reserva de información no es un hecho ilegal, Ramírez la calificó como un retroceso en materia de transparencia proactiva, pues aunque se solicitó que se hiciera pública hasta febrero del 2015, las autoridades continuaron detallando la investigación tiempo después. En relación al nuevo gobierno, dijo que “no tienen una vocación que se pueda presumir de transparencia”.
Sin embargo, destacó que no es un caso aislado, pues esta problemática la tuvieron con el procurador Jesús Murillo Karam, quien no quería transparentar el caso. Asimismo, durante la actual administración también se han registrado situaciones similares con otras pesquisas, como la de Odebrecht.
En el discurso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha declarado que se cayó la “verdad histórica” en torno al caso Ayotzinapa. Además, ha asegurado que se debería esclarecer la forma en que actuaron los elementos de seguridad aquella noche.
“No sé qué los llevo a ocultar la llamada verdad histórica, debieron de actuar con transparencia, sin consideración para nadie. Es un absurdo el querer tapar las cosas, siempre se conoce la verdad, es como la justicia: tarda, pero llega”, comentó durante la conferencia matutina del 28 de septiembre, donde también destacó que “el pacto de silencio” se está rompiendo.
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