Compras sin licitar al alza en el primer año de gobierno de López Obrador: IMCO

A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que se erradicarán la corrupción y otros males de las anteriores administraciones como el influyentismo, nepotismo, prepotencia o amiguismos; la realidad es que en el gobierno de la Cuarta Transformación se siguen llevando a cabo esas malas y condenables prácticas.

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), durante el primer año de gobierno de López Obrador, el gobierno federal otorgó la mayor parte de los contratos públicos a través de adjudicaciones directas.

Según el estudio “Compras Públicas en México. Competencia: la gran ausente” elaborado por el IMCO y para el cual analizó más de 350,000 procesos de compra publicados en Compranet durante 2018 y 2019; tan solo el año pasado se otorgaron 184,702 contratos, de los cuales, poco más del 80% fueron mediante adjudicación directa.

El gasto en compras públicas a lo largo del 2019 ascendió a 323,340 millones de pesos, pero para las adjudicaciones directas, los recursos destinados fueron de más de 126,000 millones, 39% del total, lo que representa el punto más alto desde 2013.

Al dar a conocer el estudio, Pablo Montes, coordinador Anticorrupción del IMCO, advirtió que existen riesgos de corrupción en las compras públicas que hace el gobierno federal debido a que casi uno de cada dos pesos se gastan en adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

“Vemos esta tendencia creciente de adjudicación directa en procesos de excepción y una vez más, éste es un motor que es utilizado por las redes de corrupción, ya que es más fácil dar un contrato a una empresa con la que ya hubo un arreglo o desviar a una empresa fachada dinero a través de procesos que no tienen competencia porque al final de cuentas, en un concurso, el ganador es determinado por calidad y precio”, aseguró.

El IMCO destacó que los riesgos de corrupción en compras públicas no solo están presentes al adjudicar directamente, ya que también es posible dirigir una licitación o un concurso a través del uso de requisitos técnicos excesivos en las convocatorias, mediante la eliminación de competencia por errores de presentación y criterios administrativos, fallas no relacionadas con la calidad del bien o servicio, así como la ambigüedad y subjetividad de los fundamentos legales para realizar una adjudicación directa y así, evitar un concurso.

El estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad propone algunas modificaciones a leyes y procedimientos para evitar riesgos de corrupción, fomentar más competencia y transparentar más los procesos de compra, como: reducir y limitar motivos para exceptuar la licitación pública, ya que actualmente hay más de 20 causales “laxas, subjetivas y ambiguas” para evitar esa modalidad de compra.

Otra propuesta es que cuando sea inevitable realizar una adjudicación directa se debe publicar información completa: la cotización antes de adjudicar, las investigaciones de mercado y análisis de por qué es mejor la adjudicación directa y no la licitación, el contrato y los anexos suscritos.

También propone establecer 30% de las compras públicas como un umbral para adjudicaciones directas, al tiempo que consideró, se deben priorizar los criterios de calidad en la evaluación de propuestas por sobre errores de presentación o criterios administrativos que eliminan la competencia sin considerar la oferta económica.

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