FGR ya podría llevar a Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Sedesol, ante un juez de control por la Estafa Maestra

El ex funcionario presuntamente es parte del esquema de desvío de recursos entre universidades y servidores públicos

Zebadúa presuntamente operó la contratación y supervisión de convenios con universidades, por medio de diversos servidores públicos. (Foto: Cuartoscuro)
Zebadúa presuntamente operó la contratación y supervisión de convenios con universidades, por medio de diversos servidores públicos. (Foto: Cuartoscuro)

Tras la determinación de un Tribunal Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá la capacidad de judicializar la carpeta de investigación que inició en contra de Emilio Zebadúa González, quien fue ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles, además de presuntamente ser parte del esquema de desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.

De acuerdo con información del diario Milenio, esta determinación fue tomada por unanimidad en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el cual cambió la resolución que no le permitía a la FGR llevar el caso de Zebadúa ante un juez de control.

Zebadúa González se encuentra bajo investigación, debido a que durante su cargo en la Sedesol, presuntamente operó la contratación y supervisión de convenios con universidades, por medio de diversos servidores públicos.

Reportes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) mostraron que el grupo de funcionarios de Zebadúa estaba ligado a través de empresas, propiedades y conexiones políticas, además de que este se trasladó casi íntegro entre las dependencias bajo sus órdenes y fue pieza clave para operar la contratación y supervisión de los convenios de La Estafa Maestra.

Así era el trabajo del grupo de servidores públicos de Zebadúa en la Sedesol. (Foto: MCCI)
Así era el trabajo del grupo de servidores públicos de Zebadúa en la Sedesol. (Foto: MCCI)

Los servidores públicos implicados en este caso fueron Claudia Morones Sánchez, Enrique Prado Ordoñez y Sonia Zaragoza González, quienes actualmente también son investigados por autoridades federales.

Los tres ocuparon puesto en la Sedesol. En la división de Recursos Materiales y Servicios Generales, Sonia Zaragoza estaba encargada de la administración de bienes materiales; mientras que Claudia Morones y Enrique Prado tenían funciones en la adjudicación de contratos y la licitación y administración de bienes, según información del portal Declaranet.

Los documentos oficiales mostraron, además, que Emilio Zebadúa, Enrique Prado y Sonia Zaragoza firmaron convenios y anexos con la Universidad de Morelos, mismos que la Auditoría Superior de la Federación señaló como parte del mecanismo de desvío de 3,000 millones de pesos.

El posible vínculo con actividades irregulares de los funcionarios se publicó en la investigación periodística denominada La Estafa Maestra en septiembre de 2017, pero también en un reportaje sobre la fabricación de facturas y documentación de entregables que publicó Aristegui Noticias en junio de 2018.

Cabe recordar que hace unos meses, el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue declarado culpable del desvío de 239.3 millones de pesos mediante el esquema de La Estafa Maestra por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

Vera Jiménez era señalado por el desvío de recursos públicos a empresas fachada por medio de contratos otorgados durante la gestión de Rosario Robles al frente de la Sedesol y de Sedatu entre 2012 y 2018.

Según los datos de prueba del Ministerio Público Federal, Vera Jiménez aparecía en tres contratos que supuestamente firmó con Emilio Zebadúa por 675 millones de pesos, y uno más con Sonia Angélica Zaragoza González por casi 22 millones y medio de pesos.

Es relevante mencionar que en torno a este caso, Zebadúa había denunciado que la FGR ha sido omisa, pues no lo ha citado en calidad de inculpado dentro de la carpeta de investigación que inició en su contra. Otro aspecto que también ha alegado es que las autoridades no le han permitido el acceso a las constancias.

Debido a esto, el ex funcionario decidió promover un juicio de amparo antes de que la Fiscalía solicitara una audiencia inicial para imputar a Robles Berlanga del delito de ejercicio indebido del servicio público, mismo por el cual está vinculada a proceso y bajo prisión preventiva en la actualidad.

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