El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se posicionó en contra del proyecto propuesto por Luis María Aguilar, el cual declaraba inconstitucional la consulta popular para determinar si se enjuicia a los los últimos cinco presidentes que antecedieron el mandato de Andrés Manuel López Obrador.
Durante la sesión del pleno de la SCJN, Zaldívar puntualizó que los argumentos de Aguilar parten “de un presupuesto fundamental y de una interpretación constitucional que no comparto”, esto en referencia a la explicación que el ministro Aguilar dio sobre que la consulta es violatoria de diversos derechos humanos.
Fue así como descartó la tesis central de la propuesta de su colega, la cual dictaba que al validar la consulta se dará lugar a una serie de “violaciones a los derechos de debido proceso, acceso a la justicia, presunción de inocencia, igualdad y a los derechos de las víctimas, pues vinculará a las autoridades de procuración e impartición de justicia a actuar o dejar de hacer en virtud del resultado” del proceso.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de acuerdo con el portal de la SCJN, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional, además de estar ligado a la vida académica.
En ambas instituciones educativas ha fungido como profesor de materias relacionadas con el derecho constitucional, además de que ha impartido cursos y conferencias en otras universidades y congresos internacionales.
En su labor jurisdiccional ha impulsado criterios garantistas, entre los que destacan asuntos sobre el derecho a la libertad de expresión relacionados con el derecho al honor, a la intimidad y la no discriminación. Asimismo, ha motivado iniciativas sobre el derecho a la igualdad y no discriminación.
También ha trabajado en relación al derecho al debido proceso, tema en el que ha propuesto criterios para la efectividad del principio de presunción de inocencia como estándar de prueba, como regla probatoria y como regla de trato.
En otros temas, fue el ministro al que se le encargó determinar la situación legal de Florance Cassez, luego de que la francesa presentará un recurso de revisión ante la Corte.
En 2012, el ministro Zaldivar presentó un dictamen en el que proponía que se liberara a la ciudadana francesa debido a violaciones al debido proceso. Y después dio su voto para que la Corte ordenara finalmente liberara a Florence Cassez en enero de 2013.
En diciembre de 2019 asumió el cargo de presidente de la SCJN y dos meses antes, en octubre, reveló que el ex presidente Felipe Calderón presionó e, incluso, amenazó al Poder Judicial para resolver ciertos casos como el de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y precisamente el de Florence Cassez.
Cabe decir que a Zaldívar se le ha percibido como un ministro afín a las ideas del presidente López Obrador. Incluso públicamente ha reconocido que la Corte y los juzgadores federales son blanco de críticas, además de ser percibidos como personajes opacos, cerrados y derrochadores.
En el programa de trabajo con el cual formalizó su candidatura a la presidencia de la SCJN, propuso que se regulara el acceso a lo cargos del Poder Judicial de la Federación, con el fin de evitar el nepotismo, mediante un sistema meritocrático para todos los trabajadores y no sólo jueces y magistrados.
A los pocos días de su llegada a la presidencia de la Corte, logró que sus pares tanto en esa instancia, como en el Consejo de la Judicatura redujeran sus sueldos en un 25% en relación al 2018, sin afectar a los servidores de categorías más bajas.
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