Luego de que el Paquete Económico 2021 fuera entregado al Legislativo para su análisis y evaluación, expertos han señalado que el pacto fiscal se traduce en un tema de control político, pues “quien tiene el dinero manda”.
Durante una videoconferencia organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Centro de Estudios Alonso Lujambio del Instituto Tecnológico Autónomo Metropolitano (ITAM), Reginaldo Esquer, vicepresidente de la Coparmex, señaló que el espíritu centralista que el gobierno federal ha decidido mantener, ha desembocado en un pacto fiscal “obsoleto”.
Señaló que, bajo esta fórmula, “los estados ricos se han hecho más pobres y los estados pobres no se han hecho más ricos, porque el principio de solidaridad tampoco ha beneficiado; entonces, tenemos lo peor de los dos mundos”, aseveró.
Por su parte, Mariana Campos, coordinadora de Finanzas Públicas de la organización México Evalúa, comentó que las entidades federativas y los municipios necesitan desarrollo institucional para poder manejar el gasto, rendir cuentas, y para generar servicios adecuados para la población.
En su participación, cuestionó que debido a la decisión del gobierno de México de no utilizar la política fiscal para atender la crisis sanitaria por coronavirus, los estado de la República y los municipios no tengan la posibilidad de hacer uso de este recurso.
Campos ejemplificó su argumento señalando que en Estados Unidos los gobernadores han tenido la libertad de manejar la emergencia sanitaria gracias a que “40% de los ingresos de los estados dependen de ellos, pero aquí solamente es el 15 por ciento. El no tener financiamiento local y que tengan muy pocas potestades tributarias”.
No obstante, destacó la necesidad de revisar la sostenibilidad a nivel financiero de cada municipio, pues no se debe ver al “municipio que es extremadamente pobre o que está en un nivel de desarrollo muy bajo como a un municipio al que siempre hay que subsidiar. Tenemos que generar incentivos para salir de la pobreza y que no solamente sea un criterio para recibir más dinero”.
Aunado a esto, la especialista en temas de finanzas públicas señaló que ante la pandemia de coronavirus, las debilidades de los servicios públicos de salud han salido a la luz, por lo que es importante considerar que los que están haciéndose cargo de la emergencia sanitaria son los estados y municipios.
Sobre esto, Reginaldo Esquer consideró que los gobernadores que se levantaron de la mesa de conciliación no actuaron de forma conveniente, porque “si algo esperamos de los políticos es que tengan la capacidad de negociar”.
“Lamentamos que haya sucedido eso, entendemos las razones de los estados, sabemos que están con toda la necesidad de atender los problemas del COVID-19. Muchas entidades federativas y municipios tuvieron que usar su presupuesto para atender problemas de salud pública que, en teoría, debería de haber sido atendidos por el gobierno federal”, expresó.
En el debate también participó Guillermo Cejudo, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El académico señaló que la reforma fiscal debe enfocarse en aumentar los recursos recaudados y no solo en repartir lo que ya hay. En este contexto, los funcionarios deben aceptar el costo político de dicha determinación.
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