La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, obtuvo vinculación a proceso en contra de cuatro personas ex integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), por su probable responsabilidad en el delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades previsto en el artículo 217 Fracción I, Inciso D del Código Penal Federal.
El órgano institucional, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), acreditó ante el Juez, la probable comisión del delito referido, luego de que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, presentara una denuncia ante esta FGR, debido a una licitación pública que dio origen a un contrato por parte de dicho Instituto, el cual fue anulado por el mismo OIC, en agosto del 2019.
A los hoy vinculados, Bogart "M", Miguel "R", José "A" y Alejandro "M", se les impuso la medida cautelar de presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares de Poder Judicial, además de la vigilancia del OIC del INE, con relación al contrato en controversia.
En septiembre de 2019 el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reafirmaron su compromiso de intercambiar información para facilitar investigaciones sobre corrupción y recursos de procedencia ilícita en procesos electorales.
El consejero presiente, Lorenzo Córdova Vianello, destacó la importancia del convenio de colaboración para intercambiar datos de labores fiscalizadoras, a fin de evitar que los límites de las competencias de ambas instituciones puedan ser aprovechadas por los sujetos regulados.
“No son pocos los expedientes en donde descubrimos potenciales ilícitos que no son competencia electoral, pero que deben seguirse investigado hasta terminar con eventuales sanciones por parte de autoridades competentes”, destacó.
De igual manera, dijo, otras autoridades fiscalizadoras no pueden continuar con las investigaciones porque son de competencia electoral, por lo que el INE y la UIF establecerán mecanismos ágiles para detectar irregularidades.
Dichos mecanismos contribuirán “tanto a la rendición de cuentas como a la detección y previsión de actos u operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita y que faciliten la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o incluso de triangulación de recursos”.
En la sede del INE, Córdova Vianello aclaró que ello se realizará con riguroso respeto a los ámbitos de competencia y restricciones legales de cada institución.
“El INE es un ente autónomo del Estado mexicano y somos muy celosos de nuestra autonomía, pero eso no significa que seamos una entidad autárquica -autoabastecimiento económico-; somos parte del propio Estado mexicano y tenemos una responsabilidad pública, social, colectiva de generar estas sinergias”, subrayó el consejero presiente.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, recordó que con la reforma constitucional de 2014 se previó a nivel normativo la posibilidad de intercambio de información entre el INE y la UIF.
“El lavado de dinero es una actividad que se relaciona con delitos predicados, uno de los cuales podría ser la defraudación fiscal, pero también el financiamiento ilícito a las campañas electorales como también tenemos otras expresiones como el secuestro, la extorsión, narcotráfico, tráfico de armas, etcétera”, detalló.
A pesar de que ya había una mejora al convenio en el 2015, de acuerdo con Nieto Castillo, la actualización obedece a diseminar un mayor número de información a las autoridades competentes sobre peculado electoral; desvío de recursos públicos para fines electorales y financiamiento ilícito proveniente de los grupos delincuenciales.
Así como el rebase a las aportaciones establecidas en la ley y las prohibiciones legales en cuanto a los sujetos que pueden financiar de manera legal las campañas electorales
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