La Fiscalía General de la República (FGR) imputará a Juan Collado Mocelo por un nuevo delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si el juez considera que existe evidencia suficiente, esto podría derivar en un segundo proceso para el abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Collado Mocelo, quien además fuera abogado de Raúl Salinas de Gortari y Carlos Romero Deschamps, fue procesado desde hace poco más de un año después de que la FGR consiguiera que un juez federal, Eduardo Velázquez Rea, decidiera procesarlo por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, según información del portal Animal Político, en la audiencia de este miércoles 26 de agosto, la FGR le imputaría un delito distinto por el cual había sido procesado originalmente.
El caso de Collado surgió de una denuncia por la presunta venta ilegal de un terreno en Querétaro por 24 millones de pesos; sin embargo, la FGR integró la investigación en menos de un mes y la evidencia de los fiscales se basó en siete declaraciones de Sergio Bustamante, quien fue el denunciante, la víctima y el testigo.
La defensa de Collado señaló este hecho, pero el juez consideró que se trataban de elementos suficientes para iniciar el proceso. Sus abogados incluso han promovido una variedad de recursos legales, con el fin de desvirtuar o reclasificar el delito de delincuencia organizada por el que había sido procesado y entre ellos había un juicio de amparo que estaba cerca de resolverse.
El hecho de que se busque la reclasificación del delito es clave en este caso, pues el delito de delincuencia organizada le amerita prisión preventiva automática, pero con otros ilícitos menos graves, el abogado buscaría continuar su proceso en libertad. Incluso se abriría una puerta alterna por medio de la figura de reparación del daño causado.
Cabe recordar que derivado de este caso, la FGR había solicitado al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte que se declarara penalmente a Collado, pues puso “en peligro el sano desarrollo de la economía nacional”, al no reportar las ganancias derivadas de la participación en la empresa Libertad Servicios Financieros, también llamada Caja Libertad.
En este sentido, la Fiscalía ha considerado que el abogado ”se sitúa en un grado de culpabilidad superior a la pena mínima”, a causa de la afectación a los bienes, las circunstancias personales en las que se encontraba, ya que era considerado “un abogado de prestigio nacional, miembro de grupos sociales cercanos a personalidades del poder”.
De acuerdo con la acusación escrita, la FGR aseguró que por medio de Libertad Servicios Financieros se llevaron a cabo transferencias a España, Andorra, así como otras partes de Europa sin que se comprobara la procedencia de los recursos, además de que se simulara la compra de otras compañías.
Asimismo, había una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la cual se acusó a Collado y a más personas de haber conformado un “grupo delictivo” que bajo un reparto de funciones esenciales logró vender una propiedad que fingieron adquirir, pero que en realidad no les pertenecía.
Cabe mencionar que en la denuncia inicial del caso también se señaló que los ex presidentes Peña Nieto y Salinas de Gortari tenían presuntos nexos con Libertad Servicios Financieros, pero este hecho no formó parte de la acusación inicial presentada ante el juez, aunque sí quedaron líneas de investigación abiertas.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Preventivo Norte citó a las 10:00 horas de este 26 de agosto para la celebración de la nueva audiencia, la cual se llevará a cabo a puerta cerrada debido a las restricciones sanitarias que se impusieron por la pandemia de COVID-19.
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