Una corte estadounidense imputó a tres altos funcionarios de la Policía Federal de recibir millones de dólares en sobornos a cambio de proteger las actividades criminales del Cártel de Sinaloa.
Los imputados estaban encargados de liderar la polémica “Guerra contra el narco”, encabezada por el ex presidente Felipe Calderón, y con el apoyo de Estados Unidos.
Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de México entre 2006 y 2012, le brindó protección al Cártel de Sinaloa y a Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de millones de dólares, y además convirtió a muchos de los policías federales en gatilleros al servicio de “El Mayo” y su compadre.
Asimismo, los ex funcionarios Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García estuvieron al servicio de uno de los grupos del crimen organizado más poderosos del país.
Entre 2001 y 2012, los tres funcionarios prestaron servicios de gran valor, como “comprometerse a no interferir” con cargamentos de drogas de varias toneladas propiedad del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, también les dieron acceso a “información policiaca sensible” que tenían las autoridades sobre ellos, “atacando a sus rivales” y “nombrando a otros funcionarios corruptos en cargos de poder” en las zonas controladas por el grupo.
García Luna presuntamente ayudó al Cartel de Sinaloa a traficar seis cargamentos de cocaína que sumaron 50.000 kilogramos hacia Estados Unidos entre 2002 y 2007.
García Luna fue arrestado en diciembre de 2019 en el estado de Texas. Cárdenas Palomino y Pequeño García aún no han sido aprehendidos. De ser condenado, García Luna enfrenta penas entre 20 años de prisión y cadena perpetua. Los otros dos agentes enfrentan entre 10 años de cárcel y cadena perpetua.
En la gestión de García Luna, Cárdenas Palomino fungió como director de operaciones regionales de la policía federal entre 2006 y 2012. Pequeño García encabezó la división antinarcóticos de la policía federal, que supervisaba la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU) bajo la veeduría especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, según un reportaje de ProPublica.
Sin embargo, esa vigilancia no se aplicaba a la cúpula de la unidad, de la que durante largo tiempo se rumoró que filtraba información privilegiada a los grupos criminales de México.
Según la periodista de Propublica, Ginger Thompson, el Gran Jurado encontró que, en lugar de combatir a los cárteles, hay evidencia de que estos hombres han estado colaborando con ellos y aceptando sobornos, y presentó las acusaciones.
Pequeño supervisaba las unidades antinarcóticos que fueron examinadas especialmente por la Administración de Control de Drogas y que estaban relacionadas con dos masacres en México, de las que resultaron decenas de personas muertas y desaparecidas; aunque las acusaciones no vinculan a los acusados con estos eventos, informó Thompson.
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