
Una presunta red dedicada al despojo de viviendas y propiedades de adultos mayores y familias de escasos recursos opera en distintos municipios del Estado de México.
De acuerdo con la carpeta de investigación 1965/Nezh/2025, entre las personas señaladas por su posible participación se encuentra el notario José Antonio Reyes Duarte, titular de la Notaría Pública número 29, con sede en Nezahualcóyotl y el empresario Óscar Pedroza.
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La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) registra al menos 10 denuncias por el delito de despojo, así como otras tres por amenazas y lesiones.
Según los señalamientos contenidos en la carpeta de investigación, la organización habría obtenido información sensible de funcionarios y trabajadores del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), con el propósito de facilitar movimientos y operaciones relacionadas con las propiedades seleccionadas.
Denuncias en zona Oriente

Las denuncias también apuntan a una presunta conexión con mandos y elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), organismo auxiliar de seguridad pública vinculado con la Secretaría de Seguridad estatal.
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De acuerdo con los testimonios, supuestos integrantes de esta corporación habrían sido utilizados para intimidar a los propietarios y facilitar el despojo de los inmuebles previamente seleccionados.
Las declaraciones también plantean la posibilidad de que otros funcionarios de seguridad de la entidad pudieran tener algún tipo de participación o conocimiento de estas operaciones.
Los municipios donde se concentra el mayor número de denuncias relacionadas con este grupo son Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
Una de las víctimas es Maricela Ordaz, quien denunció haber perdido el control de una propiedad en Nezahualcóyotl, donde su familia había vivido durante aproximadamente 20 años.
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La afectada explicó que, de manera repentina, apareció un documento notariado que atribuye la propiedad a otra persona desde 2024, pese a que su familia asegura desconocerla.
Así operaría la presunta red de despojo en Edomex
De acuerdo con los señalamientos integrados en la investigación, el mecanismo utilizado para apropiarse de los inmuebles consistiría en aparentar operaciones inmobiliarias legales mediante documentación notarial presuntamente irregular.
Entre las prácticas denunciadas se encuentran principalmente de dar fe de compraventas presuntamente ficticias con varios años de antigüedad para dar apariencia de legalidad a los cambios de propietario.
Este esquema, según los señalamientos, podría aprovechar deficiencias en los mecanismos de vigilancia del Archivo General de Notarías, donde los fedatarios pueden conservar libros de resguardo durante periodos prolongados.
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También se cuestiona la falta de auditorías periódicas por parte de la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales, situación que, de acuerdo con los denunciantes, permitiría mantener irregularidades documentales sin una detección oportuna.
El abogado Gabino Ocampo, quien representa a varias víctimas de estos casos, explicó que las familias enfrentan procesos legales prolongados y costosos, situación que dificulta recuperar sus propiedades.
“Ellos conocen su negocio, saben que no tenemos el dinero para pagar a abogados y que el juicio se tarda años y a eso le apuestan, al desgaste. Es difícil que una familia promedio pueda soportar ese embate”, señaló.
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Operación Restitución: aseguran más de 2 mil 300 inmuebles

El problema del despojo inmobiliario representa uno de los retos de seguridad y justicia patrimonial en el Estado de México, entidad que, de acuerdo con las cifras referidas se registra más de 7 mil denuncias anuales por este delito.
Además, los datos citados por los denunciantes indican que apenas 2% de las víctimas consigue recuperar sus propiedades, lo que refleja las dificultades que enfrentan quienes buscan restituir sus viviendas o terrenos.
Como parte de la respuesta institucional, las autoridades mexiquenses pusieron en marcha la denominada Operación Restitución, estrategia que ha derivado en el aseguramiento de más de 2 mil 300 inmuebles en distintos municipios y la detención de cientos de personas presuntamente relacionadas con el despojo, entre ellas algunos exfuncionarios.
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Sin embargo, abogados y especialistas consideran que los operativos deben acompañarse de una revisión profunda de las notarías públicas, así como de auditorías a los procedimientos registrales y notariales.
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