El ejército mexicano destinó 240.5 millones de pesos (USD 14.8 millones) entre 2013 y 2016 en la compra de insumos con la empresa DRM Aceros Internacionales, la cual en conjunto con otras compañías ofrecían a un sobreprecio de mercancía.
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, compró a dicha compañía insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos y equipos militares.
Fue en octubre del 2018 que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó que DRM Aceros Internacionales se trataba de una empresa fantasma que simulaba sus operaciones, al no contar con empleados ni infraestructura.
Los contratos fueron otorgados por la Dirección general de la Industria Militar de la Sedena, de acuerdo con una investigación realizada por Zorayda Gallegos para El País, que es un órgano técnico que está a cargo de producir, ensamblar y mantener el material de guerra y los vehículos militares que utiliza el ejército para su operación.
Las contrataciones fueron adjudicaciones directas o por invitación, es decir, no hubo una convocatoria abierta de licitación. La empresa fue seleccionada sin tener experiencia empresarial y la Sedena fue la única dependencia que firmó contratos desde que se constituyó.
El acta constitutiva indica que la empresa fue registrada en septiembre del 2013 y fue registrada ante un notario de Tlalnepantla, Estado de México, según los datos obtenidos en el Registro Público de Comercio. Dos meses después firmó su acuerdo.
En los contratos consultados en la plataforma de Compranet por dicha publicación, entre 2013 y 2016, la firma le vendió a la dependencia materiales para la fabricación de cañones, lanzagranadas, piezas que se usan en los procesos para fabricar los componentes de los fusiles cartuchos y granadas de mano.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que DRM Aceros Internacionales no solo simulaba sus actividades, además vendía a un mayor precio insumos que le ofertaba a Sedena, lo cual detectó tras una revisión a las contrataciones realizadas en el 2015.
Por ejemplo, en las rondas de adquisición para comprar 30,000 barras de acero en enero del 2015, la compañía acordó con otras dos participantes que solo presentaron sus propuestas para favorecerla. La ASF indicó que una de las accionistas de la compañía ganadora fue comisaria de otra sociedad mercantil que participó.
Las adjudicaciones de invitación restringida fueron justificadas por la Sedena que era la vía por la que garantizaba la participación de especialistas en el ramo, motivo por el cual no era conveniente realizar una licitación pública, ya que eran pocas las empresas con los insumos y capacidad de respuesta inmediata.
Dicho argumento es uno de los usados por el Ejército para evitar concursos de contratación, indicó Marco Fernández, coordinador del área anticorrupción de la organización México Evalúa, a El País.
“Hay un abuso a las excepciones por las cuales pueden asignar directamente, son 38 justificaciones a la ley”, indicó. Hay otros contratos que no se hacen públicos porque los clasifican como reservados bajo el argumento de la seguridad nacional.
En el 2013, la Sedena asignó de forma directa en contratos 270 millones de pesos; para el 2018 la cifra asciende a 3,270 millones de pesos y bajo la actual administración acumula 5,000 millones de pesos, según datos recabados por la organización México Evalúa.
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