Expertos e investigadores alertaron que México sufrirá un rezago en la administración de justicia debido al impacto en las actividades que ha significado y seguirá haciéndolo la pandemia de COVID-19, en un tema en el que el país ya se encontraba retrasado.
“La pandemia también traerá consigo consecuencias, va a influir sobre los niveles de impunidad en México, porque no se están denunciando los delitos ante las Fiscalías y no están siendo tramitadas ante los juzgados”, aseguró Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas de Puebla.
“Si México ya tenía niveles muy altos de impunidad, los niveles de rezago van a incrementarse, y esto seguramente no será un fenómeno local, sino que sucederá en otras partes de América Latina y el mundo”, añadió.
El experto compartió su opinión en una conversación virtual sobre la respuesta del gobierno mexicano frente al COVID-19 y cómo la pandemia ha afectado a la seguridad, organizado por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, ubicado en Washington D.C., capital de Estados Unidos.
“Básicamente tenemos que los homicidios han crecido a pesar de la pandemia, hay una presión también en ese sentido, porque la violencia crece”, dijo por su parte Yadira Gálvez, investigadora y profesora de la UNAM, esto a pesar de que la emergencia sanitaria trajo consigo medidas de distanciamiento social y una cuarentena a nivel nacional que duró más de dos meses.
“Uno de los grandes desafíos para el país sigue siendo la seguridad, y la mejora en las capacidades de procuración y administración de justicia, además del sistema judicial. Sin estos pilares, va a ser muy difícil atender la crisis de inseguridad”, añadió la experta durante el evento.
Y es que en México, el panorama es desolador con respecto a la impartición de justicia incluso antes de que la pandemia de COVID-19 llegara al país. De acuerdo con un estudio realizado por la organización civil Impunidad Cero, durante 2019 la posibilidad de una víctima de denunciar un delito y que éste fuera esclarecido fue de apenas un 1.3 por ciento.
Se define impunidad como la falta de sanción ante una conducta irregular que genera responsabilidad penal, civil, administrativa o de derechos humanos. Ocurre cuando los perpetradores escapan de toda investigación, detención, procesamiento, sanciones adecuadas, e incluso de indemnizar el daño causado a sus víctimas.
Esto quiere decir que 99 de cada 100 víctimas que dieron el paso y realizaron una denuncia ante las autoridades competentes no recibieron justicia. Esto se suma a una cifra aún mayor, ya que apenas dos millones de los delitos cometidos fueron denunciados de un total de 30 millones que se cometieron.
La “cifra negra” de los delitos que no se denunciaron asciende a más del 93% del total. Esto significa que los ciudadanos no denuncian porque no confían en la autoridad ni en la justicia. Las cifras, temen los expertos, se exacerbarán aún más en tiempos de coronavirus.
Y es que la opacidad en México por delitos como homicidios dolosos y desapariciones genera un costo estimado de unos 422,390 millones de pesos cada año, de acuerdo con un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
“Esta pandemia deja lecciones para la reflexión: es una emergencia global que tiene respuestas de carácter local, y que en países como México, que son de carácter federal, se ahondan las respuestas locales, cuando los estados llevan a cabo sus propias estrategias”, explicó Gálvez.
“Por ello, es fundamental tener abiertas las dinámicas de cooperación, sobre todo de relaciones multilaterales, para atender este tipo de crisis", concluyó.
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