La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por María del Rosario Piedra Ibarra, rechazó el pronunciamiento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) respecto a las medidas cautelares que instaurarán durante las obras de construcción del Tren Maya.
Con un llamamiento respetuoso, el organismo autónomo expresó que la emergencia sanitaria desatada en México por la llegada del nuevo coronavirus debe de atender más a las garantías y derechos de las personas que a intereses económicos.
“Ante la respuesta de FONATUR de no observar totalmente las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , este Organismo Público Autónomo exhorta respetuosamente a esas autoridades para que, de manera informada y responsable, reconsidere su postura, y cumpla con la intención de toda Medida Cautelar que, en situaciones de gravedad y urgencia, tienen como finalidad, evitar violaciones graves a Derechos Humanos, que serían irreparables; preservando así, la Vida, la Salud y la integridad personal, de quienes se sienten amenazados en sus derechos fundamentales”, se lee en el comunicado.
Esto porque el Fonatur, por medio del comunicado 12/2020 “Respuesta de Fonatur a la Comisión Nacional de Derechos Humanos” expresó que las obras de construcción referentes al megaproyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son de carácter crítico para la reactivación económica del sureste del país y que se procederá con apego estricto a las medidas sanitarias expresadas por las autoridades del sector salud.
Asimismo, refieren que de acuerdo con la publicación de la Secretaría de Salud (SSa) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del pasado 31 de marzo, este tipo de obras son de carácter esencial para el Estado mexicano.
"El ‘Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2’, firmado por el Secretario de Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo del presente, en su artículo primero numeral II, inciso E establece que:
"II: Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales: [...]
“E) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, entre otros más que pudieran listarse en esta categoría”.
Por tal motivo, el fondo dirigido por Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez, argumenta que las licitaciones y operaciones de los primeros tres tramos del Tren Maya: Palenque-Escárcega, Escárcega-Calkiní y Calkiní-Izamal, pueden continuar en operación de manera normal, pues pertenecen al grupo de actividades esenciales.
Aseveración que fue condenada enérgicamente por la CNDH y expresó su total rechazo al explicar que “no comparte esa apreciación ya que las obras en cuestión, no pueden ser consideradas como aquellas necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que aseguren la producción y distribución de servicios indispensables, toda vez que se tratan de vías férreas en desuso, las cuales se pretenden rehabilitar con motivo de un proyecto a FUTURO denominado Tren Maya, y que en la actualidad no asegura la producción y distribución de servicios indispensables para la población de la península de Yucatán, sino un inminente riesgo de contagio y propagación del virus Covid-19, entre los trabajadores de las citadas obras y los habitantes de la península de Yucatán”.
El debate es amplio, pues por un lado está el problema de la salud humana, que defiende la CNDH. Y por el otro, el que defiende el Fonatur, se encuentra el estancamiento económico de la región, que ha condenado a millones de mexicanos a la pobreza.
Por su parte, el jefe del ejecutivo federal ya dio el banderazo oficial de esta obra el pasado lunes en Quintana Roo y todo parece indicar que las recomendaciones de la CNDH no serán acatadas.
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