El gobierno de México le solicitó formalmente a Estados Unidos este lunes que le proporcione toda la información que se disponga con respecto al operativo “rápido y furioso”, con el que se introdujo a territorio nacional miles de armas de alto calibre con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento entre 2009 y 2011.
Fue la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que, a través de una nota diplomática dirigida a la Embajada de Estados Unidos en México, le realizó la solicitud, informó el canciller Marcelo Ebrard la tarde de hoy.
Dicho operativo, como ha reconocido el Departamento de Justicia estadounidense en su informe publicado en septiembre de 2012, involucró el trasiego de 2,000 armas de alto calibre que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia.
El operativo fue llevado a cabo por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense, (ATF, por sus siglas en inglés) y comenzó a implementarse a finales de 2009, durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
“No obstante”, recordó Ebrard, “estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos en México y Estados Unidos, e inclusive en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas estadounidenses y mexicanas, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido”.
Debido a que la comunicación y planeación de las autoridades de los dos países involucrados no ha sido “suficientemente aclarada”, de acuerdo con la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, la información que proporcione Estados Unidos será vital para entender lo sucedido.
Y es que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) mexicana aducía que las autoridades locales desconocían la existencia del operativo. “Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos publicó una declaración del entonces Fiscal General (secretario de Justicia), Eric Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso”, aseveró Ebrard.
El ex presidente Calderón aseguró la semana pasada que es falso que su administración haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas al país. "El gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales”, publicó en sus redes sociales.
Sin embargo, para el gobierno de López Obrador, “la identificación de la pertenencia de cada arma al operativo ‘rápido y furioso’ en territorio mexicano sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades del país”, puesto que requirió “un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización”.
Sin plena cooperación no se podría conocer el origen y destino de las armas. Hay dudas fundadas con respecto a lo ocurrido.
Pero Ebrard advirtió que, si en efecto, el gobierno mexicano de entonces conoció y autorizó el operativo, “entonces estaríamos ante graves violaciones a la constitución y a leyes que emanan de ella por parte de quienes ocupaban los más altos cargos del país”, en referencia a Calderón y también a Eduardo Medina Mora, entonces Procurador General de Justicia, entre otros.
Habrían mentido al Congreso y a la sociedad
Pero el canciller mexicano señaló una posibilidad aún más calamitosa. "Si resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces las autoridades de Estados Unidos “habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del gobierno”.
“Se habrían entregado armas a la delincuencia organizada, provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad, es decir, se habría violado la soberanía nacional de México”, aseveró Ebrard.
Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) envió una solicitud a la ATF desde septiembre de 2019 ratificada el 20 de febrero de 2020 con el objetivo de recabar documentación de las declaraciones de los procesados por “rápido y furioso”, así como la relación de las armas vinculadas con el operativo que han sido recuperadas en México y de las que no se tiene registro de recuperación.
Por todo lo anterior, señaló la cancillería mexicana, solicitó la información “conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países”.
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