Elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California catearon este viernes una de las casas de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, exgobernador de la entidad (2013-2019), luego de varias denuncias penales por presuntos malos manejos de los recursos de la entidad.
Cerca de la una de la tarde, agentes y un ministerio público al mando del fiscal Guillermo Ruiz Hernández llegaron a la residencia ubicada en el fraccionamiento Cumbres de Juárez, una de las zonas más exclusivas de Tijuana. Los primeros reportes indican que al interior de la vivienda solo se encontraban tres empleados del exgobernador panista; no obstante, los elementos ingresaron al lugar y acordonaron la zona.
Hasta el momento no se tiene claridad del motivo del cateo, ya que existen tres denuncias contra los residentes de dicha casa: dos a Vega de Lamadrid y una a su esposa, Brenda Ruacho de Vega.
En noviembre 2019, tras tomar posesión el actual mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, presentó una denuncia contra el exgobernador, así como contra varios de sus colaboradores, por su presunta responsabilidad en varios delitos, los cuales tienen que ver con un posible daño al erario de más de 1, 200 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente 0202-2019-42685 que integra la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la denuncia interpuesta es por la comisión de 10 delitos, entre los cuales se encuentran abuso de autoridad, cohecho, peculado y hasta falsificación de documentos.
Bonilla mencionó que en el caso estarían involucradas al menos 90 empresas registradas entre Baja California y la Ciudad de México, 40 de ellas con facturas falsas.
En aquel entonces, Vega de Lamadrid respondió a las acusaciones en un breve comunicado en el que dijo estar dispuesto a responder ante las autoridades correspondientes.
La segunda denuncia la presentó la Auditoría Estatal el pasado lunes 2 de mayo por el auditor estatal, José Sergio Soto, y por la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto, Eva Rodríguez, ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General, pero ahora por 1,586 millones de pesos que presuntamente se habían utilizado para el pago de diversas asesorías que nunca se impartieron.
Mientras que a Brenda Ruacho de Vega se le acusa por el posible desvío de recursos del Patronato del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, los cuales fueron obtenidos mediante donaciones.
La denuncia contra la exdirectora del DIF fue presentada el pasado 16 de marzo por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lazano, quien asegura que, a través de la asociación civil Cree en Tus Sueños, la esposa de Vega Delamadrid obtuvo donaciones por siete millones de pesos, los cuales depositó en un fideicomiso a nombre de la familia Vega y que serían para la construcción de unas villas para el centro CRIT-Tijuana, lugar donde se hospedarían los familiares de los pacientes.
Sin embargo, el dinero nunca fue entregado a la dependencia, pero la retención del dinero se reveló cuando Brenda Ruacho informó a la actual directora del DIF, Blanca Estela Favela Dávalos, que parte del dinero estaba en un fideicomiso y le pertenecía.
Por si fuera poco, Jaime Bonilla señaló que su gobierno contaba con todas las pruebas para iniciar una investigación en contra del exgobernador, ya que no ha pagado el servicio de agua en una de sus propiedades desde julio de 2015.
También compartió una imagen de los recibos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), junto al mensaje: “Estos y más atropellos están siendo detenidos y les aseguro que la ley se hará respetar. Baja California ya cambió, estamos en marcha por un estado con justicia”.
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