El duro informe sobre la violencia en Guerrero y por qué pone a prueba la estrategia del gobierno de AMLO

En medio de la epidemia de coronavirus que afecta a México, y que ya dejó 2,271 muertes hasta este lunes, la difícil situación de violencia e inseguridad en el país parece haber pasado a un segundo plano, pero es apenas un espejismo: la república vio crecer el número de homicidios el mes pasado a pesar de la emergencia sanitaria.

Y es que un informe publicado esta semana sobre la situación actual de violencia en el estado de Guerrero, en el sur del país y uno de los más pobres, aseguró que la entidad representa “el mayor desafío para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su apuesta para reducir la violencia criminal sin usar la fuerza militar”.

Esta entidad demuestra que el presidente “se ha quedado corto en sus promesas” para frenar la violencia, indicó The International Crisis Group. “Guerrero ilustra cómo las nuevas políticas de López Obrador por sí solas resultan insuficientes para mitigar conflictos violentos”, indicaron.

El informe de la organización independiente, titulado “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México” fue realizado con docenas de entrevistados, incluidas autoridades de todos los niveles, víctimas, desplazados e incluso con narcotraficantes e integrantes de autodefensas, durante gran parte de 2019.

De acuerdo con el texto, ya son al menos 40 grupos los que luchan por imponer su propia ley, incluidas las organizaciones criminales y también las autodefensas, que nacieron como una resistencia a la violencia de los primeros y en varias ocasiones acabaron convertidas en grupos parecidos a los que buscaron combatir.

Además, indicaron que “las perspectivas inmediatas para reducir la violencia en Guerrero son desalentadoras", sobre todo en este momento, cuando el país atraviesa la epidemia de COVID-19. Pues las organizaciones usaron, usan y usarán la contingencia de salud para intentar consolidar su poder, alertaron.

La violencia de los últimos, años, que comenzó sobre todo tras el inicio de la llamada “Guerra contra en narcotráfico” lanzada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), ha sido incalculable: además de las víctimas de homicidio, están los desaparecidos y los desplazados, por ejemplo.

Guerrero, uno de los bastiones desde hace varias décadas para la producción de marihuana y amapola, que se convierte en heroína, además es uno de los sitios que mejor representa, de acuerdo con el informe, cómo el estado puede convertirse en aliado del crimen organizado.

Asimismo, se le suman la corrupción, el pago de sobornos y la intimidación constante de funcionarios de todos los niveles. “Un habitante de una ciudad mediana que dijo haber sido víctima de extorsión por parte de la policía local dijo que ‘la pregunta no es si la policía es corrupta o no … sino quién [qué fuerza policial] trabaja con quién [qué grupo criminal]’”, recoge el informe.

A pesar de que López Obrador lanzó una promesa “audaz” de llevar la paz a México, indicó el informe, con su intención de evitar el conflicto armado (a pesar de la creación de la Guardia Nacional) y de un ambicioso proyecto de programas sociales, “persisten graves dudas sobre si el gobierno les ha dado continuidad a estas políticas y si, en cualquier caso, funcionarán”.

Sin embargo, hasta ahora eso no ha pasado. A pesar del periodo oficial de distanciamiento social para evitar la propagación de COVID-19 en México, el mes de marzo terminó con el índice más alto de homicidios dolosos desde el inicio del sexenio, en diciembre de 2018, con 2,585 víctimas.

Datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la última semana d dicho mes se reportaron 646 asesinatos y un incremento en saqueos. Además de que durante el primer trimestre de 2020 incrementó, a comparación del año pasado, un 3.6% la cifra de víctimas por homicidio doloso.

El último mes más violento había sido junio de 2019 con 2,543 casos en 30 días. Además, fueron reportados 7,313 casos por delito de homicidio de enero a marzo de 2020, de acuerdo al informe de Víctimas reportadas por delito de homicidio de las Fiscalías estatales y dependencias federales.

“Hasta la fecha, ni el gobierno estatal de Guerrero ni el gobierno federal han presentado un plan concreto para proteger a los ciudadanos, frenar la colusión estatal con intereses criminales y reducir la impunidad. En ausencia de tales pasos, Guerrero seguirá siendo el escenario de muchos de los peores horrores del país”, destacó The International Crisis Group en su informe.

¿Hay solución?

Para que los niveles de violencia puedan comenzar a cambiar su tendencia, indicó la organización, es un “requisito esencial” del gobierno es que “reconozca que las estrategias nacionales, ya sean las reformas institucionales fallidas de sus predecesores o el enfoque personalista y centralista de López Obrador, deben adaptarse a las particularidades de los conflictos regionales”.

Las intervenciones a corto plazo, destacaron, “deben estar enfocadas en salvar vidas y aliviar las crisis humanitarias”. La presencia de la Guardia Nacional debe tener un despliegue limitado “e incluso puramente defensivo” en los lugares más problemáticos.

Otro aspecto importante para la organización es que los grupos locales de víctimas y aquellos que buscan personas desaparecidas deben recibir un mayor reconocimiento estatal que se traduzca en recursos y sobre todo protección para sus integrantes.

Para el mediano plazo, “el gobierno debería centrarse en crear instituciones de seguridad creíbles que estén libres de corrupción en general y colusión con intereses privados, particularmente con grupos armados ilegales”

Un factor importante a considerar será el impulso al desarrollo económico legal “para permitir que pequeños agricultores y otros abandonen los negocios ilícitos y escapen de la órbita de los grupos criminales debería ser otra prioridad”, así como el impulso del sector minero con mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas.

“La pendiente legalización de la marihuana ofrece una de esas oportunidades, pero sólo si se diseña a favor de los trabajadores rurales locales en lugar de grandes intereses comerciales”, señalaron. Por ahora, la legislación se encuentra varada en el Congreso mexicano, a la espera de consensos entre partidos y pausada por la epidemia de coronavirus.

Un proyecto de amnistía

El International Crisis Group también indicó que el gobierno mexicano debe “fomentar procesos locales de mediación entre actores armados no estatales en conflicto”. “Lo mismo puede decirse de la justicia transicional y medidas de amnistía, que el gobierno federal debería reconsiderar apoyar como un medio para romper el ciclo del conflicto”, añadieron.

Pues para la organización, existe una oportunidad inusual para poner en práctica estas acciones con los productores de amapola, “que han resultado duramente afectados por la caída del mercado de la heroína y están buscando caminos hacia la legalidad”.

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