
Un juez de control vinculó a proceso y envió a prisión preventiva a tres hombres identificados como Mathew Russell, Elliot Benchimol y Antonio Marines, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con fuerzas federales desmantelara un centro clandestino de fabricación y distribución de cigarros piratas en Huixquilucan, Estado de México.
El juzgador calificó de legal la detención y determinó que los tres hombres enfrentarán el proceso por delitos contra la propiedad industrial, en materia de control del tabaco, portación de arma de fuego y portación de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
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El golpe al mercado ilícito tras la operación representó una afectación estimada de entre 225 y 330 millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones de la FGR. Por la infraestructura asegurada, el volumen de producto e insumos localizados y la capacidad productiva identificada, la dependencia calificó el caso como uno de los aseguramientos más relevantes en esta materia, con características comparables a operaciones investigadas en Canadá y la Unión Europea.
De los tres hombres vinculados a proceso, dos son nacionalidad canadiense: Mathew Russell Montour, de 49 años, y Elliot Benchimol, de 46 años. El tercer implicado, Antonio Marines, de 60 años, es de nacionalidad mexicana.
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Los tres fueron detenidos durante el cateo revelado el 2 de octubre por el secretario de seguridad Omar García Harfuch y puestos a disposición del Ministerio Público, que posteriormente solicitó ante el juez de control las medidas cautelares que derivaron en su prisión preventiva.
En el operativo se aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos
El cateo se ejecutó en una bodega de Huixquilucan utilizada para fabricar y empaquetar cigarros apócrifos. Imágenes del aseguramiento, difundidas por la FGR, mostraron líneas de producción y cajetillas con el empaque rojo y blanco característico de la marca Marlboro, aunque la dependencia no ha confirmado si esa era la única marca falsificada en el inmueble.
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La diligencia se realizó con un mandamiento judicial a cargo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP), dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC). De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, en el inmueble se aseguraron 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalentes a más de 2 millones de unidades, además de cuatro máquinas para la elaboración y producción de los cigarros.

El inventario incluyó 293 cajas con filtros, 98 cajas de tabaco, 32 cajas de cigarro no terminadas y 80 charolas de cigarro. El decomiso también sumó 170 cajas con 102 mil cajetillas, un compresor, 646 paquetes de marquilla, 701 rollos de papel adherible para marquilla, 2 mil 926 rollos de papel celofán, 4 mil 32 rollos de papel cigarette verde y 780 rollos de papel cigarette blanco, así como dos vehículos.
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En la intervención participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Guardia Nacional, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Los trabajos de investigación permitieron recabar evidencia documental, electrónica y financiera relacionada con la cadena de suministro del negocio ilícito. A partir de estos actos, las autoridades ubicaron una posible red dedicada a la producción, abastecimiento, almacenamiento y distribución de cigarros falsificados, con presencia en diversos puntos de comercialización de la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Un juez impuso prisión preventiva y fijó cuatro meses de investigación complementaria
En audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención de los tres implicados y dictó auto de vinculación a proceso por su probable participación en los delitos señalados. Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva a los tres hombres y fijó un plazo de cuatro meses para el desahogo de la investigación complementaria.
Durante ese periodo, el Ministerio Público deberá reunir los elementos necesarios para sustentar una eventual acusación formal ante el mismo juez de control. La vinculación a proceso derivó de los actos de investigación realizados por el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la FEIDCDP, en coordinación con la SSPC, que permitieron sustentar la imputación y obtener las medidas cautelares correspondientes.
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La vinculación a proceso es una resolución judicial mediante la cual un juez de control determina que existen datos suficientes para que una persona enfrente un proceso penal, pero no constituye una sentencia ni una declaración de culpabilidad. En este caso, el juez calificó de legal la detención de los tres hombres y consideró que había elementos para abrir el proceso judicial en su contra.
A partir de esta resolución, en este caso el Ministerio Público cuenta con un plazo de cuatro meses para integrar la investigación complementaria y reunir pruebas adicionales que sustenten una eventual acusación formal. Será en etapas posteriores del proceso, como el juicio oral, donde se determine si los acusados son responsables o no de los delitos que se les imputan.
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La FGR continuará las investigaciones para identificar a otros responsables
La FGR informó que continuará con las investigaciones para identificar a otros posibles participantes en la operación de fabricación y distribución de cigarros apócrifos. El objetivo es determinar el alcance total de la red y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables, además de los tres hombres ya procesados.
La dependencia reportó que, durante los primeros siete meses de 2026, aseguró 11 millones 602 mil 334 productos posiblemente falsificados, entre ellos cajetillas de cigarros y productos de tabaco, con un valor comercial legítimo estimado en 3 mil 114 millones de pesos.
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