Lo que los gobernadores callan del pacto federal

Sin duda el pacto fiscal es obsoleto, pues se pactó en 1978, cuando un partido tenía todos los cargos relevantes a nivel federal y estatal. También es indiscutible que el gobierno federal no sólo ha reducido las participaciones federales, sino que sus gastos prioritarios son proyectos faraónicos

Entre el sector de los gobernadores empieza a crecer la inconformidad con el pacto fiscal (Foto: archivo)
Entre el sector de los gobernadores empieza a crecer la inconformidad con el pacto fiscal (Foto: archivo)

Ningún político hablará con claridad de un problema y su solución si eso implica perder márgenes de discrecionalidad para obrar. Bajo esta premisa, todo avance en temas como democracia, derechos humanos o rendición de cuenta son ganados por la ciudadanía a costa de los poderosos. Lamentablemente mucha gente prefiere engañarse a sí misma.

Por ejemplo, hace unos días los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas mostraron su inconformidad con el pacto fiscal federal, pues consideran que la repartición del presupuesto es injusta e inequitativa con el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que aportan. De esa forma, agregan, deben replantearse los criterios de distribución ante la crisis del COVID-19.

Sin duda el pacto fiscal es obsoleto, pues se pactó en 1978, cuando un partido tenía todos los cargos relevantes a nivel federal y estatal. También es indiscutible que el gobierno federal no sólo ha reducido las participaciones federales, sino sus gastos prioritarios son proyectos faraónicos en lugar de usarse para atender las crisis. Pero la estrategia puede no ser exitosa por la forma que la están comunicado.

El pacto federal es el acuerdo entre los tres niveles de gobierno para repartirse las facultades fiscales e imponer y cobrar gravámenes, así como el gasto de los recursos recaudados. Desde 1898 han tenido lugar numerosos acuerdos arancelarios, donde se establecen los impuestos federales y locales. El de 1978 estableció que, de todos los impuestos recaudados por los estados, la Federación obtendría el 80% y el resto sería repartido al tamaño poblacional y necesidades de las entidades.

Ciertamente hay inequidad: varios estados con mayor población y menor aporte fiscal reciben más que otros que más han crecido en las últimas décadas. También es indiscutible que no hay normas para vencer esta brecha o medidas de subsidiariedad. A eso añadamos la discrecionalidad del actual gobierno federal en asignación de recursos, así como la excesiva centralización de las estructuras administrativas y recaudatorias, para ver que hay un reclamo válido.

Sin embargo, México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos impuestos cobra: el 14% del PIB. Los estados están en una condición más precaria, pues el 90% de sus ingresos son aportaciones federales. Es difícil presentar la demanda por adquirir más ingresos del pacto fiscal si apenas se cobran impuestos locales.

Hay otros problemas que le restan legitimidad a la demanda de los gobernadores. Primero, no sólo los estados recaudan poco, sino también son muy eficientes en eliminar impuestos locales a cambio de popularidad. Por ejemplo, durante los años de bonanza petrolera, varios gobernadores eliminaron el cobro de la tenencia automovilística pues recibían los remanentes de la producción de hidrocarburos.

El segundo es igual de grave: no hay un discurso de mejora institucional, eficiencia administrativa o rendición de cuentas que acompañe al reclamo por tener más dinero. Al escudarse en la pandemia del COVID-19, no están hablando de qué están haciendo para ser más competitivos. A todos los políticos les gusta jugar a Santa Claus, pero es difícil que ganen la imaginación de los votantes o se consoliden como una alternativa si no hablan de estos temas.

Si no hay un discurso alternativo ante la Federación, el presidente podría citar administraciones escandalosas como las de Aristóteles Sandoval en Jalisco, Rodrigo Medina en Nuevo León, los hermanos Moreira en Coahuila o Tomás Yarrington en Tamaulipas para mover la aversión de la ciudadanía y deslegitimar los reclamos. ¿Falaz? Cierto, pero le ha sido eficaz como estrategia de comunicación cuando se refiere a opositores.

Tampoco ayuda la forma en que se ha difundido el tema en las redes sociales, como la pifia de #Nortexit, donde aparece un mapa del país sin las entidades del sur: plantear esto sólo abona al ambiente de radicalización y encono. En ese entorno sólo puede ganar quien tiene el monopolio del discurso de agravio: el gobierno.

¿Qué hacer? Presionar a los gobernadores para que hablen de lo que no les gusta, si de verdad quieren apoyo. Por lo pronto el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, consideró la participación de los tres órdenes de gobierno en una posible convención fiscal, proponiendo cuatro temas: primero, mejorar el reparto del gasto federalizado mediante nuevos y justos criterios de distribución; segundo, promover la recaudación local para que los estados dejen de sobrevivir a costa del sustento de la Federación; tercero, nueva legislación fiscal que permita elevar la recaudación mediante el incremento a la base de contribuyentes, y, cuarto, mejores mecanismos para la fiscalización de los recursos para estados y municipios.

Esperemos que la contrapropuesta gane aceptación. De lo contrario, nuestros gobernadores habrán protagonizado un acto más de simulación a cambio de apoyo electoral.

*Analista político

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