Defender el medioambiente es una tarea que en México puede costar la vida: en los últimos ocho años han sido asesinados 86 activistas, y un tercio de esos homicidios están vinculados a la oposición a proyectos de infraestructura energética.
De acuerdo con un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), entre 2012 y 2019 se cometieron cerca de 500 ataques contra ambientalistas. El informe señala que 141 de los ataques estuvieron relacionados con protestas contra proyectos de generación eléctrica, seguidos de la minería, con 71 casos.
Oaxaca fue el estado más afectado por estos ataques, con 85 episodios violentos contra defensores del medio ambiente.
El reporte, citado por Insight Crime, aseguró que en 2019 se encontró a funcionarios locales, policías y elementos de la Guardia Nacional (GN) como responsables de los ataques. Sin embargo, al menos un 40% de los casos no se denunciaron.
El número de ataques denunciados ha ido en descenso: desde un pico de 107 en 2015 hasta 53 en 2017, 49 en 2018 y 39 en 2019. Los homicidios, sin embargo, han aumentado. En 2019 fueron asesinados 15 activistas, muy por encima del promedio de 10 en los siete años anteriores.
Un caso muy sonado ocurrió en febrero de 2019, cuando fue asesinado con 20 tiros Samir Flores, activista que se oponía al Proyecto Integral Morelos (PIM), megaproyecto para los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala que incluye un acueducto, un gasoducto y una planta termoeléctrica. Desde entonces, el crimen ha quedado irresuelto.
Su muerte ocurrió poco antes de una consulta pública en la zona para decidir sobre la construcción de una planta termoeléctrica, que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En febrero de 2019, días antes del asesinato de Flores, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra opositores al PIM, al llamarlos “radicales de izquierda”.
De acuerdo con la ONG Front Line Defenders, en 2019 -el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia- se documentó el asesinato de 24 defensores de derechos humanos en el país, de un total de 304 registros a nivel mundial.
El caso del activista no es el único. El 2020 arrancó con la muerte de Homero Gómez González y Raúl Hernández Romero, defensores de la mariposa monarca en una zona del occidental estado de Michoacán amenazada por la tala clandestina que pone en peligro estos diminutos insectos, emblema de la región.
En términos de los sectores implicados, México ha acelerado su tasa de desarrollo de proyectos energéticos desde su histórica reforma energética de 2013. Y esta situación va rumbo a acelerarse en 2020, lo que planteará un sinnúmero de potenciales choques entre autoridades, empresas privadas y ambientalistas.
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