
El gobierno de México, a través del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF), emitió un bono catastrófico que proveerá a México de una protección financiera por un monto equivalente a 485 millones de dólares (alrededor de 9 mil 500 millones de pesos) contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico (SHCP).
En 2006 México se convirtió en el primer país en emitir un bono catastrófico.
Posteriormente, México emitió bonos catastróficos adicionales en 2009 y 2012 utilizando el Programa MultiCat del Banco Mundial en 2017 y 2018 usando el programa de notas de capital de riesgo del BIRD.
El bono fue emitido en cuatro clases diferentes para proveer cobertura contra sismos de diferentes magnitudes y contra ciclones tropicales provenientes tanto del Atlántico como del Pacífico. Si ocurre un desastre natural que sea elegible para la cobertura, algunos o todos los recursos del bono se depositarán en el Fondo Mexicano para los Desastres Naturales (Fonden).

Los pagos serán iniciados cuando un sismo o ciclón tropical cumplan con los criterios paramétricos de localización y severidad establecidos en los términos de los bonos. Los pagos serán realizados por el BIRF al Fonden a través de la intermediación de Swiss Reinsurance Company Ltd y Agroasemex, S.A.
Por su parte, GC Securities, Goldman Sachs & Co. LLC y Swiss Re Capital Markets son los agentes estructuradores en conjunto, así como los gestores conjuntos de la transacción. AIR Worlwide es el modelador del riesgo y agente calculador.
El bono fue emitido bajo el programa de notas de “capital de riesgo” del BIRF, el cual permite transferir los riesgos relacionados con los desastres naturales y otros riesgos de los países en desarrollo a los mercados de capitales.

Cabe señalar que México está altamente expuesto a diversos peligros naturales. Poco más de 40 por ciento del territorio nacional, y cerca de un tercio de la población está expuesta a huracanes, tormentas, inundaciones, sismos y erupciones volcánicas. En términos económicos, esto se traduce a que 30 por ciento del PIB del país se considera vulnerable a tres o más peligros y 71 por ciento vulnerable a dos o más peligros.
El bono se emite como “sustentable” toda vez que los recursos se aplicarán a programas que cumplen plenamente con los criterios internacionales de “ESG”, es decir, que atienden al interés de combate al cambio climático, socialmente responsables y mejoras en la gobernanza de los programas.
La emisión de estos nuevos bonos refleja el enorme compromiso del gobierno de México por proteger el bienestar de sus ciudadanos contra las consecuencias de los desastres naturales. Esta acción de gestión de riesgos se alinea con las estrategias de protección social, en particular hacia los grupos sociales más vulnerables. El bono también forma parte de la estrategia de fortalecimiento de las finanzas públicas, dotándolo de resiliencia ante desastres naturales.
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