Denunciaron a un magistrado del Tribunal Superior de CDMX por la presunta violación de sus hijas de 5 y 7 años

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Manuel Horacio Cavazos López, enfrenta una denuncia por presunta agresión sexual de sus hijas, de 5 y 7 años.

Así consta en la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-05/1927/09-2019, a la que tuvo acceso el diario mexicano Animal Político, y que se abrió ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales de la procuraduría capitalina.

Según se lee en dicha carpeta, la denuncia fue interpuesta el pasado 23 de septiembre por la madre de las menores; hace cuatro meses.

Desde entonces, el caso no se ha judicializado, a pesar de que la investigación cuenta con pruebas periciales médicas, valoraciones psicológicas y audios en los que las niñas describieron a su madre las presuntas agresiones. Las pequeñas, además, declararon ante el Ministerio Público y frente a psicólogos especializados.

Pruebas presentadas y peritajes psicológicos

Entre las pruebas presentadas por la denunciante, se encuentra un reporte de la escuela que indica que la hija mayor acudió a la enfermería del centro en varias ocasiones el pasado agosto por dolores de cabeza, justo después de regresar de las vacaciones de verano.

También figura en el expediente un peritaje médico a la menor, que concluye, tras la evaluación ginecológica, que la pequeña presentaba una laceración “compatible con manipuleo o rascado producida por el borde libre de las uñas, por un mecanismo de fricción”, según cita en su artículo Animal Político.

Además, el Centro de Terapia de Apoyo (CTA) a las Víctimas de Delitos Sexuales examinó a las menores en distintas sesiones y diagnosticó que ambas sufren ansiedad por lo ocurrido.

En concreto, en la menor de cinco años identificaron "ansiedad, enojo, miedo, tristeza y confusión, sintomatología asociada a víctimas de agresión sexual”. La hija mayor, por su parte, mostró evasión, ansiedad y angustia al hablar de una posible agresión sexual.

Aunque el CTA es un organismo público dependiente de la Fiscalía de Justicia capitalina, sus diagnósticos no se consideran peritajes, y únicamente se tendrá en cuenta el informe psicológico que se realizó a la hija mayor, el día en que se presentó la denuncia.

Según esta evaluación oficial, los hechos descritos por la menor serían ciertos, aunque en el momento de los hechos, no los percibe como una agresión.

“(La víctima) no presenta afectación psicológica compatible a la presentada por personas que han sido agredidas sexualmente como consecuencia de los hechos que denuncia, si bien el evento es sorpresivo, súbito, la menor de edad no le proporciona una connotación negativa hasta el momento de la revelación”, indica el informe, según reveló Animal Político.

Además, el peritaje psicológico añade que la niña no muestra síntomas físicos o un cambio en su comportamiento. Unas conclusiones que contradicen las concluidas por el CTA, y que ignoran los reportes presentados por la escuela, que aseguró que su alumna se quejó en varias ocasiones de dolores de cabeza.

Por último, los audios que grabó la madre para registrar cómo sus hijas le narraban las agresiones, no han sido tomados en cuenta como prueba por el Ministerio Público.

Cuenta atrás

Ante la falta de avances en el caso, 67 diputados federales redactaron una carta el 10 de diciembre para pedir a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a la fiscal de la capital, Ernestina Godoy, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, que se resuelva el caso sin demora y con apego a la ley.

“Este caso, tan grave como muchos otros, adquiere mayor relevancia a partir que se trata de delitos en contra de personas menores de edad, pero además reviste ciertas peculiaridades. El agresor es padre de las niñas y además, integrante del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, como Magistrado en materia penal y hasta hace unos días Especializado en Ejecución de Sanciones”, escribieron los diputados en la misiva.

“La combinación de los factores citados potencializa la posibilidad de fenómenos como el tráfico de influencia, retardo en el dictado de medidas de protección, sin explicaciones para las víctimas”, señaló el texto.

El pasado 17 de enero, en una audiencia sobre el caso, se dio 10 días al Ministerio Público para resolver si cuenta con elementos suficientes para ir a juicio, o si se desestima la denuncia; hasta ahora, el organismo no se ha pronunciado.

El padre se defiende

Horacio Cavazos López, que ejerce como magistrado en la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, no se había pronunciado sobre los hechos hasta el pasado 5 de diciembre, momento en el que publicó un escrito de 200 páginas en el que desmiente el testimonio de su hija, y acusa a la madre de manipularlas.

“Es evidente que lo que se escucha en esta plática representa un repaso de la información previamente implantada por la hoy denunciante en la mente de la menor”, describe.

Cavazos López estaría a punto de ser designado como magistrado de forma vitalicia. En caso de que la denuncia por agresión sexual decida llevarse a juicio, podría entrar en prisión como medida preventiva.

Además, de ser declarado culpable, perdería la patria potestad, y enfrentaría una pena de entre ocho y 20 años de cárcel, a la que se sumarían dos terceras partes de esa condena por tener parentesco con las víctimas.

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