Juan Antonio Ferrer, el director del Insabi que carece de experiencia en el sector salud

Esto se suma a la polémica e incertidumbre en torno a la operación del Instituto de Salud para el Bienestar

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El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual sustituye al Seguro Popular, es encabezado por el tabasqueño Juan Antonio Ferrer Aguilar, pero, contrario a lo que se necesitaría para ser titular del Instituto, no es médico y tampoco tiene alguna experiencia en el sector salud.

Ferrer Aguilar es maestro en Administración de Empresas para Ejecutivo por la Universidad Olmeca y licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Tabasco, así lo señala el portal Expansión.

Trabajó durante varios años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y se desempeñó como director de varias zonas arqueológicas del país, teniendo como su principal tarea la de conservar, proteger el patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico del país.

Es decir, casi toda su experiencia profesional ha sido en el ámbito de la arqueología. Pero gracias a su cercanía con el mandatario, también de origen tabasqueño, Ferrer Aguilar llegó al recién creado instituto, cuya operación ha desatado una serie de polémicas, confusión y malestar entre los usuarios del sector salud.

Este es el sueldo del director del Insabi, de acuerdo con la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal (Foto: captura de pantalla)
Este es el sueldo del director del Insabi, de acuerdo con la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal (Foto: captura de pantalla)

Ferrer Aguilar, quien en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal aparece adscrito a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud con un sueldo mensual bruto de 139,663.59 pesos; es el encargado de decidir dónde y cómo ejercer el presupuesto autorizado del Insabi, además de nombrar a los coordinadores que estarán al frente de las regiones de este Instituto.

Pese a que ya está en funciones, el Instituto de Salud para el Bienestar carece de reglas de operación. El Ejecutivo Federal tiene 180 días, a partir del 1 de enero de 2020, para establecer estos lineamientos y modificar el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, con el objetivo de dar atención médica a los 69 millones de ciudadanos que no cuentan con seguridad social.

Además, algunos ex secretarios de salud de sexenios pasados han asegurado que la creación del Insabi es un “grave error” ya que además de ser un retroceso en el otorgamiento de la salud pública, se desmanteló el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), que a lo largo de 15 años consolidó una reserva de 80 mil millones de pesos y que al haberle quitado 40 mil millones de pesos para otorgárselos al Insabi, imposibilitará costear las enfermedades graves de los afiliados al desaparecido Seguro Popular y sumar los nuevos casos anuales de pacientes crónicos.

En su página web, se señala que el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos “es parte del Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades de alto costo (en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren), que pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud y el financiamiento de las atenciones a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud”, así lo señala la página del Internet gobierno federal.

¿Gratuidad o con cobro de cuotas?

Foto: especial
Foto: especial

De acuerdo con la página web del Insabi, el instituto “brinda servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión”.

Además, destaca que “los beneficiarios del Insabi recibirán servicios médicos sin restricciones porque habrá atención universal para todos los padecimientos, incluidos aquellos que generan gastos catastróficos, para lo cual se ha creado el Fondo de Salud para el Bienestar; también recibirán medicamentos gratuitos y demás insumos requeridos para sus tratamientos”.

Pero en los hechos, los pacientes que llegan a los distintos hospitales públicos han denunciado que la atención, sobre todo en el tercer nivel (los hospitales que atienden especialidades médicas y realizan cirugías de alta complejidad), subieron las llamadas “cuotas de recuperación”. Incluso, hay quien ha denunciado que les han cobrado por estudios no realizados, pese a que su familiar haya fallecido.

El pasado 8 de enero, durante la tradicional conferencia mañanera del presidente López Obrador en Palacio Nacional, una reportera dio a conocer el caso de un señor a cuya madre tenían que hacerle algunos estudios en el Hospital General, pero esa misma mañana la señora falleció, por lo que las pruebas médicas ya no se le realizaron. Sin embargo, personal del hospital le dijo que no le entregarían el cuerpo de su madre, hasta que no pagara los estudios.

López Obrador condenó el hecho e insistió que antes había una política basada en un negocio, por lo que pidió el apoyo de la gente con sus denuncias, al tiempo que ha reiterado una y otra vez, que los servicios de salud otorgados por el Insabi, así como todos los medicamentos, son gratuitos.

Sin embargo, la Ley General de Salud sí habla de un “esquema de cuotas familiares” que deberán pagarse por el servicio médico.

¿Qué dice la Ley General de Salud?

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De acuerdo con La Ley General de Salud en su Artículo 77 BIS 1 señala que todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud, de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

Además, destaca que la protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación.

Pero el mismo Artículo 77 BIS 5 en su fracción VI, habla que el esquema de cuotas familiares que deberán cubrir los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, las cuales, dice, “tendrán un incremento máximo anualizado de acuerdo a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor”.

En tanto que el Artículo 77 BIS 17 señala: De la cuota social y de las aportaciones solidarias a que se refieren los artículos 77 Bis 12 y 77 Bis 13, la Secretaría de Salud canalizará anualmente el 8% de dichos recursos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos establecido en el Capítulo VI de este Título.

“Esperamos que se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año": AMLO

(Foto: Captura de pantalla/Gobierno de México)
(Foto: Captura de pantalla/Gobierno de México)

Este jueves 16 de enero, López Obrador indicó que a más tardar el 1 de diciembre de este año quedará consolidado el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El 1 de diciembre de este año va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica y medicamentos gratuitos, va a estar funcionando, ese es el propósito, como el sistema de salud de otros países. Como Dinamarca, como Canadá, así aspiramos, como Reino Unido. Es un desafío, por eso estamos aquí y vamos a estar todos los martes, y aquí nos vamos a dar cuenta”, dijo.

Insistió en que “Van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos, se les va a garantizar ese derecho por eso se creó el Instituto Nacional para el Bienestar. Esperamos que se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año. Tenemos presupuesto”, dijo.

Por su parte, el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, detalló que hasta el momento, se han adherido al Instituto 13 estados, mientras que 19 entidades se encuentran en proceso de incorporación.

El miércoles 15 de enero, el diario Milenio dio a conocer que se han presentado 22 amparos para que se mantenga el Seguro Popular con sus lineamientos de gratuidad en atención, cirugías y medicamentos. Cuatro de los recursos legales ya fueron ganados en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas.

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