En México, debido a su labor, los jueces o magistrados se pueden encontrar en un contexto de riesgo para su seguridad. Este panorama es tan sombrío que incluso deben realizar sus vidas diarias con la zozobra de que algo o alguien pueda atacarlos y por eso realizan sus actividades cotidianas con chaleco antibalas, escolta e incluso vehículos blindados, según información de .fuentes federales.
Como muestra de esto, destaca que durante el 2019, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) asignó 42 medidas de seguridad a jueces y magistrados que se encuentran amenazados o en situación de riesgo por el trabajo que realizan. Entonces, a lo largo del año, se asignaron 12 servicios de escoltas, 11 vehículos blindados, 11 chalecos antibalas y ocho más obtuvieron otro tipo de recursos como teléfonos con botones de pánico.
Estos números se obtuvieron del Primer Informe de Labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo, en donde se detalla que el CJF revisó un total de 303 asuntos relacionados con peticiones de medidas de seguridad para salvaguardar a los juzgadores federales.
De todos estos casos se llevaron a cabo 199 evaluaciones con el fin de determinar las medidas de seguridad que deberían implementarse en cada caso, así como el periodo en el que debían mantenerse. Además, se sugirió la continuidad de cada servicio, su modificación o conclusión ante la comisión de vigilancia.
Zaldívar Lelo reconoció el trabajo que los magistrados y jueces realizan día con día a pesar de las “presiones mediáticas, de poderes económicos y de la delincuencias organizada” e incluso mencionó que lo hacen en condiciones adversas, pues se encuentran en lugares apartados, lejos de sus familiares o incluso deben pasar extensas jornadas laborales.
Respecto al dinero, cabe destacar que entre el 2017 y el 2018, el Consejo de la Judicatura Federal invirtió cerca de 188 millones de pesos en personal de seguridad y en servicios de vigilancia en todas sus instalaciones. Pero para el próximo año esta cantidad se incrementará de manera importante, pues el CJF solicitó 756 millones 800 mil pesos para este fin, según el Proyecto de Presupuestos.
Varios jueces han sido asesinados en el país desde el año 2000 a la fecha. En el primer caso murieron los magistrados Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra y sucedió noviembre de 2001. El segundo asesinato ocurrió en agosto de 2006, cuando el juez de Distrito, Hilario Nieto Contreras, fue baleado desde un automóvil en marcha sobre las calles de Toluca, Estado de México.
Sobre Niego Contreras es importante mencionar que al momento de su muerte, era parte medular de uno de los seis juzgados federales del penal de máxima seguridad de La Palma, lugar en el que conoció de los juicios en contra de integrantes de los cárteles de los Arellano Félix, del Golfo y de Juárez.
Otro caso fue el del juez de Distrito, Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue ejecutado en octubre de 2016 mientras realizaba su rutina de ejercicio en el fraccionamiento en donde vivía en el municipio de Metepec, Estado de México.
El 24 de noviembre de este año, el juez Mario Sergio Zúñiga Luján, de 46 años, fue ejecutado a balazos en Tlajomulco de Zúñiga, mientras se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes con otros dos funcionarios del Poder Judicial. Zúñiga Luján era titular del Juzgado Segundo en materia civil en Tlajomulco, donde fue denunciado por moches y hostigamiento laboral.
Durante la presentación de su Informe, el presidente de la SCJN sostuvo que su administración ya está “limpiando la casa”: “No podemos dejar de reconocer que, a pesar de esta tendencia histórica, el Poder Judicial, al desempeñar plenamente el papel que le corresponde en nuestra democracia, sus esfuerzos han sido opacados por vicios y prácticas que lo debilitan ante la sociedad y lastiman su legitimidad”.
Zaldívar también destacó que durante el 2019, el CJF impuso sanciones a 16 juzgadores, cuyos castigos incluían destituciones e inhabilitaciones por irregularidades patrimoniales incluso por encubrir posibles casos de nepotismo. Además, habló de la destitución de un juez de Distrito por corrupción y por haber incurrido en errores en un caso de pederastia. Por último, agregó que en el mismo periodo fueron denunciados cuatro magistrados federales por incurrir en actos de corrupción.
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