
La frustrada captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es hasta ahora la peor crisis por la que ha atravesado la administración de Andrés Manuel López Obrador. Una serie de errores en el operativo dejaron en ridículo al Ejército mexicano, y a pesar del transcurso de los días, ni el Ejecutivo ni su gabinete han podido responder a las múltiples interrogantes que echaron por la borda la captura de uno de los personajes más importantes para el Cártel de Sinaloa.
Mucho se ha dicho sobre el fallido operativo; desde si éste fue improvisado a si existieron filtraciones que permitieron al grupo delictivo organizarse para liberar al narcotraficante. Sin embargo, se ha dejado a un lado un aspecto vital: la orden de cateo, una pieza clave en el caso que, desafortunadamente, nunca llegó.
El 25 de diciembre, la Fiscalía mexicana obtuvo una orden de detención para extraditar a Ovidio a Estados Unidos. Diecisiete días después, las autoridades dieron con el inmueble en el que se encontraba el capo; domicilio ubicado en José Muro Pico del Fraccionamiento “Tres Ríos”, en Culiacán.
Fue el 17 de octubre cuando finalmente las fuerzas armadas montaron el operativo para aprehender a Ovidio López, pero aunque lograron capturarlo, tuvieron que dejarlo en libertad a causa de una orden de cateo que nunca llegó. Así fue que este delincuente nunca abandonó el domicilio en el que fue capturado, y su liberación se produjo simplemente cuando los militares abandonaron el lugar.

La falta de una orden de cateo es uno de esos factores que hasta el momento el gobierno no ha podido explicar. Han pasado 18 días desde el fracaso militar sin que el presidente, ni el secretario de seguridad ni el de la Defensa Nacional (Sedena) hayan explicado por qué nunca llegó dicha autorización.
Este documento, que sólo puede otorgar un juez de control, era una salvaguarda para los agentes que arriesgaron su vida para aprehender al hijo del Chapo. De haber llegado a tiempo, quizá se habría podido evitar la muerte de más de una decena de personas en la ciudad sinaloense. La pregunta retumba ante la opinión pública.
Seis días antes del operativo, la Sedena recibió un informe con la dirección donde estaba Ovidio Guzmán. Tuvieron casi una semana para pedir la orden de cateo, pues además no tienen fecha de caducidad. Aún así, la Fiscalía esperó hasta el día de la aprehensión para presentar el informe de su investigación y pedir la orden de cateo.
Aunque esta solicitud puede llevar hasta 12 horas, las autoridades decidieron presentarla hasta el medio día del 17 de octubre. A las 15:15 horas, las fuerzas federales ya tenían a Ovidio Guzmán detenido en el estacionamiento de su casa.

Ovidio nunca fue detenido formalmente a pesar de que, desde el 25 de septiembre, un juez federal había emitido una orden de detención provisional con fines de extradición. Una vez más, los caminos conducen hacia la orden que nunca llegó.
Ante el fiasco de la operación, la propia Sedena fue la que reveló la ausencia del documento, la que finalmente obligó a los agentes a salir del lugar y dejar libre a Ovidio, pues de lo contrario se habría incurrido en una responsabilidad penal que habría terminado en un juicio en su contra.
Los propios abogados de la familia del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, ofrecieron una rueda de prensa donde aseguraron que sí hay una orden de aprehensión y extradición contra Ovidio Guzmán, y una más para Archivaldo Guzmán.
Sin embargo, recordaron que ante la ausencia de una orden de detención, el Ejército tuvo que liberarlo, aún cuando lo tuvo más de cuatro horas bajo su custodia.
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