Las internas del Centro de Reinserción Social La Pila, en San Luis Potosí son explotadas al trabajar como maquiladoras de autopartes de autos. A través de una demanda laboral se dio a conocer las condiciones bajo las cuales laboran los reclusos.
María de la Luz Miranda Cárdena, una de las internas que se desempañaba como operadora de máquina de inyección y multifuncional, recibía 53.6 pesos al día por su trabajo, cuando el contrato colectivo del 15 de abril de 2016 indicaba que por ese puesto se paga 131.27 pesos.
Trabajaba de lunes a sábado 8 horas y media al día, con una hora de comida. Cuando la despidieron por bajar más de 10% su nivel de producción, no recibió liquidación, las partes proporcionales por las vacaciones y el aguinaldo ni finiquito.
Por esta razón, interpuso una demanda laboral contra la empresa Traktolamp, sentando un precedente. Hasta el momento, otras dos internas, también mantienen un litigio contra la misma empresa. En el caso están implicadas autoridades estatales y federales, así como tres compañías que emplean a presos.
Desde la gubernatura de Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009), del Partido Acción Nacional (PAN), hasta el actual periodo de Juan Manuel Carreras López (2015-2021), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), permitieron que instalaran líneas de producción en los centros carcelarios de La Pila y Matehuala para emplear a los presos sin darles prestaciones porque eran contratados como “becarios”.
A cambio, las fábricas debían pagar por compensación del cerca de 30,000 pesos mensuales en especie a los centros penitenciarios, pues el costo de uso de las instalaciones es más barato que rentar una nave industrial para producir, de acuerdo con un reportaje del semanario Proceso.
El trabajo de las reclusas tiene reglas iguales a las de los empleados en libertad, tienen horarios, tareas y deben cumplir con un estándar de producción. A pesar de ello, reciben un pago inferior justificado por los convenios realizados entre las empresas y las secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Pública estatales. La Ley Nacional de Ejecución Penal contempla el trabajo como parte de la reinserción y eso incluye las prestaciones laborales.
“Lo que se ve en La Pila en realidad es una fábrica con dormitorio [...] Los trabajadores dentro pueden estar 1, 5 o 10 años y van a salir y no tendrá ahorro ni siquiera una semana cotizada en el Instituto Mexicano del Seguro Social ni antigüedad ni nada en perjuicio suyo y el de sus familias” dijo Joel Hernández Vázquez, representante legal de María de la Luz, a Proceso.
Bajo estas condiciones de trabajo, el abogado considera que dentro de las cárceles de San Luis Potosí se está formando “un esquema de esclavitud patrocinado por las autoridades”.
Además, se han interpuesto quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y denuncias penales por el uso de datos e información de las internas, así como acusaciones contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por incurrir en omisiones al no inspeccionar las cárceles e incorporar a las internar en los sistemas de seguridad y fondo para la vivienda.
A las trabajadoras reclusas se les descuenta 33% del dinero que perciben bajo el concepto de beca para un fondo de ahorro, pero el abogado no ha podido acceder a los anexos de los contratos que detallan la operación del fideicomiso. También se desconoce qué tipo de pago en especie reciben en compensación los centro de reintegración por parte de las empresas. Proceso intentó conocer más detalles sobre las operaciones de las empresas en los reclusorios, pero obtuvieron respuestas negativas.
Según información oficial, tres empresas tienen otros convenios para trabajar en las cárceles: Traktolamp, Ixtlera Santa Catarina S.A. de C.V y Envases del Potosí S.A. de C.V.
Todos los contratos fueron suscritos por Arturo Alejandro Barrera Genchi, quien fue director General de Prevención y Reinserción Social en el periodo de Fernando Toranzo (2009-2015) y de Carreras López. Fue acusado por maltrato a custodios y extorsión.
Traktolamp dejó de operar en La Pila de manera inesperada desde el jueves 10 de octubre. Las reclusas exigieron sus finiquitos y el fondo de ahorro acumulado, pero la empresa no ha dado respuesta hasta el momento.
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