Radiografía del nepotismo en la 4T: los familiares de funcionarios que tienen algunos cargos en el gobierno

Familiares de los secretarios de Economía, Función Pública y Bienestar, entre otros, tienen puestos en la actual administración

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(Foto: Infobae, Jovani Silva)
(Foto: Infobae, Jovani Silva)

La vieja práctica del nepotismo (trato a favor de familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos) es una acción que ni la Cuarta Transformación ha logrado erradicar.

El más reciente caso se trata del nombramiento de Bertha Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, comos ejecutiva en un área del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con este, ya suman cinco de 21 integrantes del gabinete federal que tienen un familiar directo trabajando en la administración pública.

Aunque el hecho de que un hermano, hijo o sobrino trabaje en una dependencia pública no es un delito, según el portal Expansión, estas situaciones sí implican un conflicto de interés y la rendición de cuentas.

Uno de los principales errores que aquejan al nepotismo es que la mayoría de los beneficiados llegaron a los cargos no por tener una trayectoria previa, sino por designación.

Otros casos cercanos a la designación de cargos de familiares es el de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, de quien su esposo, Gerardo Márquez ocupa el cargo de subgobernador de Banxico.

La secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval que no tiene uno sino dos familiares en un puesto político. Se trata de sus hermanos, Pablo y Netzai Sandoval Ballesteros que de encuentran en el Programa Social de Guerrero y en el Instituto de la Defensoría, respectivamente.

Aunque su nombre, hasta el momento, no ha involucrado corrupción, el titular de la Secretaria de Turismo, Miguel Torruco, también sale embarrado en esta vieja práctica, pues su hijo, Miguel Torruco Garza actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Boxeo.

Manuel Bartlett, que recientemente fue señalado por ocultar 23 mansiones en la Ciudad de México, tiene a su sobrino Rodrigo Abdalá como delegado de Programas del Bienestar en Puebla.

infobae

(Gráfico: Infobae, Jovani Silva)

Este último cargo es parte de la Secretaría del Bienestar, pero es autorizado por el propio presidente de la República.

En cambio,Bertha,  la hermana de Luisa Alcalde puede alegar que llegó al puesto de secretaria adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el visto bueno del mandatario mexicano, pero tampoco ocupó el cargo por su trayectoria, sino por una designación directa del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

Luisa Alcalde Luján llegó a la política por su madre, Bertha Luján , quien busca competir por la dirección del partido Morena.

A nivel de subsecretarios también hay casos como el de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, cuyo hijo, Alejandro Encinas Nájera es titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Trabajo.

De acuerdo a los expertos consultados por Expansión, ninguno de estos casos podría ser considerado como nepotismo, pues ninguno de los familiares labora en la misma dependencia, la actual administración señaló en uno de los puntos de la política de austeridad que no podrá contratarse a familiares.

En algunos de los casos de nepotismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado el visto bueno, como en el caso del sobrino de Manuel Bartlett Photographer: Alejandro Cegarra/Bloomberg
En algunos de los casos de nepotismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado el visto bueno, como en el caso del sobrino de Manuel Bartlett Photographer: Alejandro Cegarra/Bloomberg

Esto aunado a que en numerosas ocasiones López Obrador se ha manifestado en contra de favorecer a familiares desde el gobierno; incluso, en junio pasado, instruyó a los servidores públicos en un memorándum a no permitir la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, incluído el nepotismo.

Actualmente no existe una política que ayude a evaluar si los políticos que llegan a los cargos son competentes.

En México tan solo 60 por ciento de los funcionarios públicos pasan por este proceso.

Sobre los casos anteriores, solo la sociedad civil puede verificar que estos funcionarios cumplan con el mandato que se les otorgó.