El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que son diversos los casos graves que gobiernos anteriores permitieron en violaciones de derechos humanos, y que el Estado mexicano tuvo responsabilidad.
Será el 18 de octubre en Ocosingo donde el gobierno federal pedirá el perdón público por la violación tumultuaria a tres hermanas indígenas de Altamirano por miembros del ejército, Encinas dijo que el gobierno federal debe asumir su responsabilidad y buscar la justicia.
"Tenemos la herencia más dolorosa del viejo régimen que son las gravísimas violaciones a los derechos humanos en materia de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones graves a los derechos humanos. Como el caso de Ocosingo, con la violación de las hermanas González Pérez", dijo Encinas, quien estuvo en Chiapas para encabezar el Foro sobre Migración y Refugio, rumbo al diseño del Programa de Derechos Humanos 2019-2024.
"Necesitamos asumir esa responsabilidad como Estado mexicano, pues fue el Estado mexicano quien cometió esas violaciones graves, y tenemos que reparar ese daño, para que nunca más se vuelvan a repetir", expresó.
También se ha mostrado la violación de derechos en el caso Acteal; en Oaxaca el caso Nochixtlán; la Guardería ABC en Sonora; Pasta de Conchos en Coahuila, "y así podría enumerar una larga lista y muy dolorosa en la que estamos trabajando".
"Queremos cerrar todas estas heridas que están pendientes, justamente para alcanzar el derecho a la justicia, la verdad y dar la garantía de no repetición", expuso Encinas Rodríguez, según señaló el portal Proceso.
El 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en un retén de Altamirano a las tres hermanas González Pérez y su madre (indígenas tzeltales) para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas
Durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares.
El 30 de junio de ese mismo año se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal con base en un examen médico ginecológico, el cual fue corroborado y ratificado por la declaración de Ana y Beatriz (las dos hermanas mayores).
Pese a que las víctimas son civiles, el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde fue archivado bajo el argumento de que "los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso" y que no se configuran violaciones de los derechos humanos ante la falta de comparecencia de las hermanas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas.
Las tres hermanas y su madre fueron detenidas en el contexto del levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y "las tres hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas por los militares, que obligaron a la madre a presenciar las agresiones", al menos 30 elementos del ejército habrían participado en la violación.
El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el 2001, concluyó que el Estado mexicano violó diversas garantías de las tzeltales y le recomendó "investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad y sanción de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos" en agravio de las cuatro mujeres.
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